La expansión de la economía ilegal del narcotráfico tiene, desde hace años, al Estado colombiano contra la pared y ha penetrado tanto en los estratos de nuestra sociedad que ahora impera la lógica perversa según la cual el problema no es la coca sino el glifosato. Asimismo, el combate al narcotráfico se asocia a la violación de los derechos humanos, y el daño ambiental, tan evidente por la deforestación que exigen los cultivos de coca, los residuos tóxicos y los derrames en los ríos, se atribuye principalmente al herbicida. Nos asedia una cultura macabra financiada y contagiosa.

Si bien a los gobernantes les toca optar, regularmente, por el menor entre dos males, el presidente Juan Manuel Santos se decidió por la peor opción posible: suspender la aspersión con glifosato de los cultivos ilícitos. Las cifras hablan por sí solas: En el 2010 eran 50.000 hectáreas de coca y en el 2018 más de 200.000.

El clima de violencia en las zonas cocaleras es tan intenso como antes de la paz con las Farc. Mientras los grupos violentos luchan por tomarse los cultivos y las rutas y caen, uno tras otro, los líderes sociales, el Gobierno trata de superar las exigencias de la C.C. para proceder a la aspersión. Hasta los desempleados rurales buscan su sustento en la coca. Estamos en el mismo escenario de siempre: más territorio que nación y más nación que Estado.

La decisión de Santos nos ha hecho retroceder varios lustros. Basta mirar la agenda con los Estados Unidos que volvió al monotema de la lucha contra el narcotráfico, como imperativo de su seguridad nacional. A propósito, en el diálogo binacional Colombia debe poner sobre la mesa el principio de Corresponsabilidad (1989), según el cual el narcotráfico afecta a todos los países, tanto productores como consumidores. Además, la Corresponsabilidad es un freno a la abusiva “certificación” del imperio.

Ante esta realidad estremecedora no hay análisis objetivo alguno. Los conocidos “dueños de la paz” culpan de todo al Gobierno, se tapan los ojos, obstruyen la aspersión con glifosato y se niegan a asumir que la estrategia de la Farc, de dilatar las conversaciones habaneras, fue planeada y ejecutada por Iván Márquez para que se acrecentaran los cultivos de coca, el Gobierno prohibiera el glifosato y se creara una JEP a su medida. Todo lo lograron paso a paso y sin ruido, hasta que, volviendo a las andadas, Santrich fuera filmado negociando toneladas de coca. La huida de Márquez es su propia confesión. Padre de Roux: ¡esos son, ahí están, los enemigos de la paz!

El notorio “déficit de Estado”, lo registró un informe de las Naciones Unidas de 2017: “En los últimos años se ha hecho evidente la reducción sistemática en la intervención por parte de la fuerza pública, de las acciones de erradicación manual y de aspersión en los lotes de coca, como consecuencia de la transición entre las negociaciones y la puesta en marcha del acuerdo de paz…”.

Ante el caos del mundo económico, de la pandemia del coronavirus y del desconcierto nacional, se necesita la Auctoritas del Presidente de la República y la participación de los líderes de la democracia para que, en una tarea conjunta, se le responda a las exigencias de la salud, al impacto financiero, a las protestas sociales, y se oriente el cambio tranquilo de nuestras Instituciones hacia la lucha contra la desigualdad.

PS. El presidente Duque es un caballero de la política, un hombre íntegro, capaz y noble. Asociarlo con ilícitos es un despropósito.