El 2 de noviembre de 1995 fue asesinado, en Bogotá, Álvaro Gómez Hurtado. Salía de dictar su catedra de Cultura Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda. Sus estudiantes recuerdan que habló sobre el barroco y el rococó, y que, curiosamente, iba vestido de una manera bastante informal, como si aquel fuera un día diferente…

Pasaron 22 años y 47 días hasta el 19 de diciembre de 2017, y pasaron también ocho Fiscales Generales de la Nación para que, por fin, su asesinato fuera declarado crimen de lesa humanidad, algo que, desde el momento mismo de la tragedia, venía exigiendo la familia y muchos de quienes tuvimos la oportunidad de compartir momentos únicos con la sabiduría, la cultura ecuménica, la lucidez y la bonhomía de Álvaro Gómez.

Mucho hace falta para que podamos decir que se hizo justicia, pero algo de justicia se logró con la declaratoria de imprescriptibilidad del delito, derivada de la condición de lesa humanidad. Cuando menos, se le cerró el camino a la impunidad, que ha venido reptando durante todos estos años, en el lodazal de la corrupción política y de la violencia criminal asociada al narcotráfico, el mal de males de nuestra patria.

En efecto, han pasado también, pero a mejor vida, siete testigos claves. El último de ellos y quizás el más importante para la investigación, Ignacio “Nacho” Londoño, político y abogado de las mafias, no fue llamado por la justicia a pesar de las evidencias en su contra, hasta que fue asesinado hace dos años. Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro y abogado de la familia, nunca ha ocultado sus temores frente a una amenaza que sigue latente, pero nunca ha dejado de perseguir con valentía la justicia para este magnicidio, aunque la justicia se haya escurrido también entre los oscuros intereses que rodean el caso.

En efecto, otro de los aspectos importantes de la declaratoria de lesa humanidad, es el reconocimiento de que “Es evidente (sic) “los palos de ciego” que se dieron en esta investigación desde su inicio por cuenta de las acciones desviatorias”.  Como los tales palos de ciego se dieron en las diferentes instancias del Estado involucradas, surgen entonces muchas preguntas: ¿Quién o quiénes están detrás de las sistemáticas desviaciones de la investigación? ¿Por qué, si son tan evidentes, no se ha investigado y castigado a los obstructores de la justicia? ¿Hoy, 22 años después, sigue siendo muy fuerte el matrimonio entre política y narcotráfico?

Al parecer, son preguntas con respuestas, pero son respuestas que  no han logrado hacer  parte de la verdad judicial, lo que nos lleva al gran pendiente de la investigación: La autoría intelectual.  Será la justicia la que decida si vence la posición de la familia, que inculpa al expresidente Samper y a su ministro Serpa,  o la de quienes se la adjudican a una extrema derecha golpista que castigó a Álvaro por su apego a la legitimidad, o bien, que se trató de uno de los tantos golpes del narcotráfico contra el Estado y la sociedad,  que mancharon de sangre esa década trágica de los ochenta, rematando con el asesinato de Álvaro Gómez en 1995.

Hacia delante solo resta esperar que esta decisión trascendental de la Fiscalía no tenga el resultado contraproducente de “adormecer” la investigación por otros veinte años, o hasta que terminen de matar a los testigos y triunfen la prescripción de facto y la impunidad del terror. No. El magnicidio de Álvaro Gómez merece justicia.

@jflafaurie