¿Cuál es más más bochornoso?

“Incidentes en Convención y burocracia en Incoder, hechos vituperables”

EL  mismo día en que un grupo de exaltados impedía groseramente al senador Gerlein dirigirse a la convención conservadora, Noticias Uno registraba, en su emisión de TV, imágenes de largas colas de aspirantes a puestos en el Incoder. Éstos últimos (provistos de la recomendación de algunos  senadores conservadores que en aquel mismo momento estaban retirándose airados de la convención conservadora) se disputaban afanosamente, y casi a codazos, los nombramientos en la impúdica maratón burocrática que se organizó  allí el día antes de que entrara a regir la ley de garantías.

Estos dos hechos están relacionados políticamente. Y no se sabe cuál de los dos es más bochornoso.

La doctora  Marta Lucía Ramírez  ofreció disculpas públicas al senador Gerlein por la actuación de estos exaltados que  impidieron que  la convención conociera los puntos de vista opuestos a los que pregona. Pero no es menos cierto que se trató de un acto de reprochable incivilidad política, que  empañó gravemente la convención. Generó  retiros y constancias entre el grupo de convencionistas que abandonó airadamente el recinto alegando falta de garantías. Ese bochornoso espectáculo tiene en entredicho, a estas alturas,  la legalidad misma de la convención, que ha sido demandada ante el Consejo Electoral.

De otro lado, las colas de postulantes a  nombramientos masivos de última hora  en el Incoder reflejan también, y de manera patética, lo que con razón aducen algunos como una reacción de las bases conservadoras, en especial de los jóvenes, que afloró durante la convención del partido: el repudio a  las burdas prácticas clientelistas que han aparecido últimamente.

El gobierno le entregó a unos  senadores (como si fueran cotos privados de caza) entidades cruciales del sector agropecuario. En ellas,  los dóciles directores hacen y deshacen, nombran y desnombran, dando la impresión de que obedecen más a sus jefes políticos que al gobierno. Y el Ministerio de tutela -en este caso el de Agricultura- aparece más como un espectador indolente de la piñata burocrática, que como el vigilante que debe ser del cumplimiento de las políticas agrarias.

El asunto es especialmente deplorable tratándose del Incoder. Durante  los primeros dos años y medio del actual gobierno se adelantó en esta entidad, que se recibió  en deplorable estado ético y administrativo, una intensa labor de profilaxis. Se formalizaron títulos de propiedad por más de dos millones de hectáreas para campesinos, comunidades indígenas y afro descendientes. Se echó a andar un valeroso programa (que pisa callos y que se enfrenta a intereses inconfesables) por virtud del cual se activaron más de 1500 expedientes que dormían el sueño de  la indiferencia y la modorra en los anaqueles del  Instituto, desde cuando estuvo cooptado por el paramilitarismo. Con este programa se buscaba recuperar para el Estado cerca de un millón de hectáreas con las cuales habría de conformarse un “Banco de Tierras”, en desarrollo de una política agraria audaz y moderna en favor de los campesinos sin tierra de Colombia. Todos estos programas parecen haberse paralizado durante el último semestre, lo que es supremamente grave.

El ex ministro Juan Carlos Echeverri inventó el término de “mermelada” para describir la política de distribuir de manera más equitativa las regalías en el territorio nacional. La expresión ha derivado, con el correr de los meses, en sinónimo de clientelismo y de voracidad burocrática, como la que se viene observando últimamente en el Incoder.

Por eso, los dos hechos de que trata esta columna están relacionados. El primero refleja una manera rupestre y bizarra de hacer, o mejor, de vociferar la política. El otro, una manera no menos vituperable de entregar las entidades públicas a los afanes burocráticos de unos pocos políticos; práctica contra la cual -y con toda razón- reaccionó la mayoría de  los convencionistas conservadores.