Congreso y pueblo

El Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio, además de legislar tiene que pronunciarse sobre temas importantes, nacionales e internacionales. Es su obligación y la oportunidad de confirmar, senadores y representantes, su condición de voceros del pueblo.

Esperamos puntualidad, grandes debates, no de confrontación personalista, sino de análisis sereno sobre el presente y futuro de Colombia. El Capitolio es la casa del Parlamento y en esta deben expresarse  los miembros de la rama legislativa del poder público, sin preferir, como ha acontecido en los últimos años, hacerlo de manera apresurada en treinta segundos de efímera imagen en la televisión o rehuir la adopción de posiciones.

Los votantes elegimos a figuras destacadas del país y después de mucho tiempo un expresidente, Álvaro Uribe Vélez, ocupará curul, como la tendrán igualmente Horacio Serpa Uribe y Jorge Robledo, para no citar sino tres nombres de compatriotas conocidos, con indiscutible trayectoria pública.

La Democracia se fundamenta en que haya participación del pueblo a través de quienes han sido ungidos libremente por el voto popular, pero éstos  adquieren el compromiso de interpretar el espíritu de la Nación, de no defraudar a sus electores, de trabajar en armonía con las otras dos ramas del poder, la ejecutiva y la judicial, dentro de lo dispuesto por la Constitución, con el deber de manifestar acuerdos y diferencias respecto de los actos de gobierno, sin ignorar a las minorías en el seno de cada Cámara.

Los principios enunciados se han ido perdiendo a través del tiempo. El prestigio del Congreso disminuyó por obra y gracia de algunos de sus integrantes, quienes  resultaron inmiscuidos en abusos, en  la comisión de delitos o cuando se  probó que sus votos no fueron obtenidos de manera limpia. Existe ahora la gran ocasión de enmendar errores, de devolver la dignidad institucional y humana al  pilar básico del sistema.

¿Cómo no esperar que el Congreso se involucre en el proceso de paz, así la suscripción de acuerdos con sectores guerrilleros, en primer término, competa al ejecutivo? ¿Por qué, durante lustros lo concerniente a las relaciones internacionales se ha dejado a un lado y sigue sin solicitarse las explicaciones conducentes en cuanto al desarrollo de la política internacional, cuando tenemos de por medio la no aplicabilidad de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia que parcela el mar y trata de modificar fronteras incluidas en la Carta, respecto de las cuales subsiste la clara definición de la Corte Constitucional que precisó cómo no pueden alterarse sino conforme a Tratados suscritos y ratificados en la forma prescrita? ¿Seguirá el Congreso aceptando que funcionarios del gobierno pasen por alto su obligación de informar y que los senadores y representantes se notifiquen de las determinaciones a través de los medios de comunicación? Una reforma tributaria no puede aprobarse a la carrera. Que esta sea la hora del Congreso y del pueblo.