LENTITUD AGOBIANTE
¿Cuánto tarda un fallo?
Un fallo tarda mucho. La Corte Suprema de Justicia ha condenado a dos exministros y un exsecretario general de la Presidencia de la República por cohecho, que facilitó obtener una votación positiva para la aprobación del acto legislativo de reelección presidencial, en el año 2004, luego de un dilatado proceso que siguió a la sanción de exparlamentarios quienes cambiaron su voto a cambio de prebendas en un complejo capítulo político. Sobre el fondo de la voluminosa sentencia no opino respetuoso de las decisiones judiciales, pero anoto que, en este caso, transcurrieron once años desde el inicio de la investigación.
Hay que agilizar la administración de Justicia cuando existen procesos penales, civiles, laborales, comerciales, en fin, de toda índole que no concluyen, algunos referentes a magnicidios, violación de derechos humanos, comisión de delitos mayores de público conocimiento o inherentes a cuestiones menores que se vuelven grandes. Pongo un ejemplo de demora insólita: en el año 2006, en un juzgado de Girardot se interpuso una acción para pedir la anulación de un inciso de una escritura pública y el juez admitió la demanda, acto que debe ser notificado a los demandados dentro del lapso fijado por la ley. Nueve años después no se ha surtido la notificación lo cual todavía pretende hacerse de manera ilegal. Todavía no hay juicio. ¿Notificar la admisión de una demanda civil después de nueve años? Y, si hubiese notificación, vendría el trámite de un juicio ordinario que toma entre quince y veinte años más. ¡Qué desgaste! Los asuntos de familia se han vuelto complejos y desatar las controversias toma tanto tiempo que mientras se produce un fallo los problemas inherentes a esta área ocasionan perjuicios inconmensurables a adultos y menores.
Responsables se favorecen con la lentitud de la administración judicial. Los inocentes se hunden sin remedio. Propiedades y patrimonios desaparecen en medio de litigios. La corrupción campea. Abogados litigantes contribuyen a la tardanza en los procesos. En los despachos judiciales crecen los expedientes amarrados y las diligencias duran más que las utilizadas como medio de transporte hace dos siglos en los Estados Unidos. La justicia lenta no es justicia. Muchos jueces están agobiados de expedientes así en los últimos años se hayan tecnificado instrumentos de trabajo y mejorado sueldos, lo cual no ha sido suficiente.
Se habla de la reforma judicial y reconozco las buenas intenciones del ministro de Justicia. El problema, inmenso, es indispensable afrontarlo, con las modificaciones indispensables en la elección de magistrados de las altas Cortes, de sus períodos y la revisión de la totalidad de la estructura de la rama judicial. Corresponde insistir en el empeño y hacerlo bien.