El Tribunal de Aforados
GRAN polémica ha despertado en los círculos académicos y políticos la propuesta de crear un Tribunal de Aforados, contenida en el proyecto de reforma a la Constitución para el equilibrio de los poderes públicos, y que entraría a sustituir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La propuesta se encuentra en permanente evolución desde su presentación; de ser un tribunal inicialmente propuesto para la investigación y juzgamiento, se pasó a la mera investigación y ahora, al parecer, se retorna a la idea inicial. De ser elegido por el Congreso como inicialmente se propuso, luego se ha dicho que sería designado por el Gran Consejo o Sala de Gobierno de la Rama Judicial, donde estarían ubicados los presidentes de todas las cortes.
Los argumentos justificantes para la creación de este Tribunal de Aforados radican en la inoperancia que ha tenido la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual se califica de acuerdo con las acusaciones efectivas, que han sido muy pocas y sin conducir a alguna condena efectiva.
No compartimos la idea de crear este Tribunal de Aforados. Por lo pronto, la Rama Judicial no admite una división más, a falta de una tenemos cuatro cortes de cierre a partir de la Constitución de 1991, cuando el país trajinaba con dos, que marcaron una época estable jurídicamente, de seguridad jurídica y de confianza de los colombianos en su sistema judicial. Hemos pasado a cuatro Altas Cortes, con competencias encontradas, las causas judiciales no encuentran punto final, no hay estabilidad jurídica y la sociedad no percibe bien su sistema judicial. Ello va contra la competitividad del país. Y resulta que en lugar de estar pensando en concretar, lo que queremos es dispersar todavía más, crear más división.
El juzgamiento de los aforados es cuestión de justicia ordinaria y como tal debe tratarse. La actuación del Congreso es una mera condición de procedibilidad, para llegar a un estatus de indignidad, que debe preceder la actuación de la justicia. No es necesario confundir más las cosas, creando un Tribunal, que en lugar de equilibrar los poderes públicos, va a romper el equilibrio que debe presentarse entre las diferentes ramas. ¿Cómo puede haber un equilibrio si el Tribunal lo van a designar los presidentes de las diferentes cortes, para juzgarse a sí mismos?
Es de esperarse que la alta dirigencia del país no delinca y si sucede, que sea la excepción y para ello los fueros especiales. Tener un Tribunal permanente y especial para tal fin da la señal al mundo entero de que tenemos un país gobernado por delincuentes, al punto que es necesario crear un tribunal permanente que se ocupe en las causas criminales de los altos funcionarios públicos.
Bastaría con reforzar la Comisión de Acusación o que el Congreso designe tribunales ad-hoc cuando sea el caso, pero la idea que ese debate se nos antoja un tanto desenfocada y que tiende más al desequilibrio de los poderes que a mantener los principios democráticos.