Yo participo de la idea de que los empresarios, comerciantes e industriales asuman la dirección política de sus comunidades, sobre todo allí cuando han demostrado éxito en sus negocios personales. Lo comparto porque creo que todas las personas deberíamos tener esa inclinación de servicio público; porque no me gustan los políticos de profesión y porque considero que, si han sido brillantes en el manejo de sus actividades, tienen mayor probabilidad de éxito en el manejo y administración de la cosa pública. Pero reconozco que ello trae consigo algunos inconvenientes.

Es el caso, por ejemplo, del virtuoso alcalde de Cali. Hombre probo y hasta donde entiendo, verdaderamente decente. Hombre de bien y, según entiendo, muy rico. La combinación de su olfato económico y gerencial con la sensibilidad que le aflora con cualquier pregunta social lo convirtió en un fenómeno político en su ciudad.

Pero, decía, no siempre los decentes y los ricos y los exitosos aciertan cuando de guiar la cosa pública se trata. En entrevista a Blu Radio manifestó que si era del caso promovería y defendería la usurpación del espacio público “porque la gente tiene hambre y tiene que comer”.

La respuesta es atrevida, pues viola la Constitución política que todo servidor público a jurado defender. Pero ¿a quién le importa una Constitución moribunda y sin sentido? Auscultemos, entonces, un argumento político y de conveniencia. ¿Qué tan conveniente es que un líder político y social sostenga, -con la boca llena-, que si de lo que se trata es de evitar el hambre la gente usurpe el espacio que no le pertenece? ¿Qué tan conveniente resulta para el Estado de derecho, la civilidad, el progreso y el orden que la primera autoridad de policía incentive susodicha usurpación?

La cuestión es grave, máxime si proviene de una autoridad moral como el señor Armitage. No quisiera pensar que el alcalde compra la idea que todo método es válido siempre y cuando satisfaga un fin ulterior. Si el argumento apuntala a la humanidad y a las dolencias más profundas de las personas, ¿defendería la invasión de edificios oficiales por parte de los desposeídos? O, digo yo, ¿la invasión de tierras de parte de los venezolanos huérfanos de espacio vital? Porque una cosa es enfrentar con ahínco, pero con dolor las calamidades comunitarias y otra, muy diferente, defender la idea de violar la ley y de afectar los derechos colectivos bajo el popular argumento del “hambre y la miseria”

Bien lo sostenía Ortega y Gasset: el lenguaje es un sacramento de muy cuidadoso uso. El alcalde querrá irradiar humanismo, pero, por Dios, no a costa de lo más humano que existe que es el Estado de derecho, un Estado de todos y para todos y, por lo mismo, con reglas básicas que debemos custodiar celosamente. Lo digo por cuanto si es la autoridad de policía la que incita a la ilegalidad las personas usurpadas eventualmente querrán recurrir a la justicia por propia mano, ergo, a la violencia para hacerse respetar, lo cual desdice del Estado de legalidad.

@rpombocajiao