Super super
El proyecto de Acto Legislativo de equilibrio de poderes ha girado alrededor del tema de la investigación y juzgamiento de algunos altos funcionarios del Estado, que no solo no es de la capital importancia que lo quieren mostrar, sino que no alcanza ni al mínimo interés por parte de los sufridos usuarios del servicio público de administración de justicia, pues no incide para nada en la solución de sus verdaderos problemas.
Duros enfrentamientos se han visto entre las distintas bancadas del Congreso en torno del diseño, estructura y conformación del que, hasta ahora, han dado en llamar Tribunal de Aforados.
La necesidad de integrar un Tribunal que investigue a los altos funcionarios del Estado, parece reducida no a la inexistencia de uno que lo haga hoy, sino a la manifiesta inoperancia del que existe. Tienen razón, pues la Comisión de Investigaciones y Acusaciones la Cámara de Representantes es una institución absolutamente estática. Y lo es, por una sencilla razón: asíla hicieron. Su diseño, integración y recursos están estructurados con el definido propósito de que no funcione.
Por esa razón, meramente coincidente, las instituciones sometidas a su competencia resultan siendo poderes absueltos. En el fondo eso debería ser así, por lo menos en lo que atañe a la función pura y simple de la Rama Judicial. El verdadero equilibrio de poderes es el de una Rama Judicial donde los jueces de la República, en cualquiera de sus niveles, sean un poder absuelto. El verdadero equilibrio democrático es el de la existencia de jueces tan poderosos en la base de la pirámide judicial como en la cúspide.
Es tan insano que un juez municipal tenga que interpretar la Ley con la espada de Damocles del delito de prevaricato pendiendo sobre su libertad y sus bienes, como que cualquier magistrado de una Alta Corte tenga que hacerlo en la misma condición. Cuando un juez tiene miedo, su independencia y autonomía solo son normas de papel, como la presunción de inocencia con la que algunos jueces son tan alegres para destruirla.
No obstante ello, como los jueces son tan humanos como cualquiera y las tentaciones abundan, las conductas distintas de las propias de su función en la que puedan incurrir, deben ser investigadas como cualquier otro ciudadano. En ese orden de ideas, una institución seria que se encargue de investigar la conducta de los magistrados de Altas Cortes no es inconveniente si tiene una competencia claramente delimitada y se estructura de manera que ofrezca y respete, real, no formalmente, las garantías procesales que la Constitución consagra para todos los ciudadanos nacionales.
Justamente en esto último es que el Congreso se ve tan absolutamente enredado con el tema del Tribunal de Aforados. Tanto lo están, que la última propuesta de su integración tiene un evidente tufillo aristocrático, pues pretenden entregarles a las “mejores universidades”ese derecho.
No dicen cuáles, ni cómo se escogerán allíesos “superhombres”que integrarán el “supertribunal”de los “supermagistrados”. Mucho me temo que, como todo aquíen Colombia, va a terminar integrado por los “superamigos”y no precisamente para luchar por la justicia.
@Quinternatte