ARRECIFES

Posesiones

“Contratación, el gran problema de mandatarios”

Los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales que se posesionaron el 1 de enero de este 2016, encarnan, como siempre, las ilusiones de todos los que votaron por ellos y la legítima aspiración de los que no, de que gobernarán para todos, como en la vieja definición de la democracia de Abraham Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Lamentablemente, antes de que se cumplan sus periodos constitucionales todos habrán decepcionado a la mayoría de sus votantes, lo que no es raro cuando la mayoría de las promesas de gobierno son simples mentiras descaradas.

Una buena parte de los recién posesionados terminarán con sus huesos en la cárcel o en el mejor de los casos, enmarañados en procesos penales. 357 ya traen investigaciones abiertas. Algunos otros llegarán a semejante drama, porque en verdad lo merecen.

Corruptos que han conquistado el poder solo para enriquecerse. Son los que han gastado miles de millones en sus  campañas y se creen con el derecho de recuperar su “inversión” con sus correspondientes réditos.

Algunos terminarán en los angustiosos meandros de los procesos penales por física ignorancia, por negligencia o por imprudencia. El peculado por destinación diferente, por ejemplo, que en estricto sentido no es robarse los fondos públicos, sino gastárselos en algo para lo que no están presupuestados previamente, es un común denominador con ese tipo de motivaciones.

Otros, la gran mayoría, terminaran empapelados simple y llanamente porque sus formas de administrar no coinciden con las del Fiscal que le tocó investigarlos o del Juez al que le correspondió juzgarlos. Por ejemplo, en materia de viáticos y de la forma de gastárselos, para evitarse dolores de cabeza harían bien en pegarle un repaso a la sentencia 42255 de la Corte Suprema donde terminan avalando la condena a un funcionario público por haber usado “irracionalmente” los viáticos al contratar transporte privado en lugar de usar el público.

La contratación es el gran problema de alcaldes, gobernadores y del sector público en general. Es allí donde, sin duda, anida la corrupción. Pero también es en ese tema donde se presentan las mayores diferencias de atribución jurídica a los hechos, entre Fiscalía y administradores públicos. Requisitos esenciales, necesidad de licitación o de invitación privada, anticipos, ejecuciones, entregas parciales y adiciones son temas siempre polémicos.

Para fortuna de los alcaldes y gobernadores recién posesionados, la Fiscalía tiene suficientes precedentes de contratación para consultar y adoptar de modelo. Las oficinas jurídicas de alcaldías y gobernaciones ya deberían estar pidiéndole a la Fiscalía copia de todos los contratos de Natalia Springer y de los ex Consejeros de Estado para que aprendan de requisitos, régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades y, como no, de formas de ejecución contractual.  Porque, el que sabe…sabe.

@Quinternatte