¿Todo está claro?
La Revocatoria del Mandato es consecuencia de una institución constitucional: el voto programático. El aspirante a la Alcaldía inscribe su propuesta de gobierno y se compromete a ejecutarla si gana las elecciones. Si no lo hace, el pueblo, mediante votación democrática, lo sanciona con la pérdida de sus funciones. En otras palabras, vota para sacarlo de la alcaldía, por mentiroso e incumplido.
Nadie sabe si en el caso Petro se hizo un análisis serio, responsable, al término del cual se concluyó que el Alcalde de Bogotá incumplió su programa. ¿Ese examen se puede hacer con objetividad y realismo cuando aún no se lleva siquiera la cuarta parte del mandato? Recuerdo que antes de que se terminara el primer año de gobierno se anunció la revocatoria. ¿Odios personales? ¿Revanchismo político? Alguien debe aclarar las razones por las cuales se pide la revocatoria y por qué razón, cuando faltan dos terceras partes del período.
Sobre las firmas también hay que aclarar varias situaciones. ¿Es cierto que su verificación la hicieron las mismas personas que aparecieron involucradas en el chanchullo de Cali? Por otra parte es claro que si un partido político, unas Organizaciones No Gubernamentales o un grupo de personas plantean la revocatoria mediante firmas, ellas y sus afines deben recoger las firmas. ¿Cómo es eso de que se contratan empresas que nada tienen que ver con el caso, para que hagan el trabajo a cambio de un pago? ¿Es eso honesto? Además, ¿cuánto costaron? ¿Quién pagó? ¿Cómo? ¿Por qué?
También tiene que aclararse jurídicamente cuáles son las normas que se van a aplicar al caso que se controvierte. Recientemente se aprobó una reforma sobre las condiciones que deben llenarse para que operen los mecanismos de participación ciudadana, mediante una ley estatutaria que debe ser aprobada por la Corte Constitucional para que se pueda aplicar. Habiendo sido expedida y aprobada después de la elección del actual Alcalde, ¿opera para el alcalde Petro? ¿Desde cuándo las leyes tienen efecto retroactivo?
Todos los días inventan planes truculentos para perjudicar a Bogotá. No tienen con la cantidad de inconvenientes, escándalos y desastres que se acaban de presentar. Surgen críticas y reparos por todo y en todas partes. Se cuestionan las políticas oficiales. No se aprueban los proyectos del Alcalde. Se denuncian sus actuaciones. Ni siquiera se le permite cambiar un cuadro y rendir homenaje al Libertador. ¿Así, qué resultados de amplia satisfacción se pueden exigir? El que no ayuda puede criticar, pero no reclamar ni mostrarse hipócritamente como salvador de la ciudad. Al contrario, le hace daño.
Los amigos de la revocatoria deben saber que si se llegare a aprobar, digamos, en septiembre, la elección de nuevo Alcalde sería en noviembre o diciembre, y al elegido solo le quedarían dos años de gestión. El primero para organizarse, revisar lo que recibe y planear su administración. El otro se irá en las elecciones del nuevo burgomaestre. Es decir, 8 años perdidos. ¿Lo merece Bogotá?