Los nuevos vejámenes cometidos contra civiles indefensos en Ucrania por parte de las fuerzas rusas, reviven el debate planteado hace algunos meses sobre las posibilidades reales de llevar ante un tribunal internacional a Vladimir Putin, para que sea juzgado por su decisión de ordenar la invasión de un Estado soberano y por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, incluido el de “agresión” al que aluden varios expertos.
Sin embargo, las perspectivas en este sentido parecen hoy, como en los días posteriores a las terribles imágenes de Bucha que horrorizaron al mundo, altamente improbables. Los límites a la competencia de la Corte Penal Internacional, o en todo caso la dificultad para que ella efectivamente pueda juzgar la conducta del líder ruso, derivados del hecho de que ni Rusia ni Ucrania sea actualmente Estados miembros del tratado de Roma, constitutivo del referido tribunal, así como la posibilidad de veto que la propia Rusia tiene paradójicamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar una acción en su contra, han llevado a plantear vías alternativas, como la necesidad de un tribunal especial, cuyos contornos y competencia resultan complejos de definir; o la que actualmente intenta el Fiscal de la Corte Penal Internacional por solicitud de 39 países, y que Ucrania ha aceptado, de documentar los crímenes en la perspectiva de un eventual juzgamiento de esas conductas.
Ello en todo caso supondría, para hacer realmente efectivas dichas medidas, lograr la presencia física del acusado ante la Corte -hoy claramente improbable-, así como la demostración de que aquel ejerce control efectivo sobre los militares que cometen directamente los crímenes, que sabe lo que ellos están haciendo, y que no hace nada para evitarlo. Sin olvidar, hacia el futuro, y sometida a mil vicisitudes, la eventual posibilidad de que los tribunales ucranianos o incluso rusos, pudieran juzgar a Vladimir Putin.
Por el momento todas estas alternativas, sin embargo, son meras hipótesis, de alguna manera ilusorias en las actuales circunstancias, en un terreno que por lo demás se encuentra minado por los intereses y las estrategias de otros países que estarían dentro de los promotores de este juicio al nuevo zar ruso, pero que al mismo tiempo tampoco aceptan la competencia de la Corte Penal International o de cualquier otro tribunal respecto de las actuaciones de sus propios ejércitos.
Lo único cierto en este caso es que el juicio ante la historia no parece bastar. La comunidad internacional no debería renunciar a la aplicación de mecanismos que permitan juzgar las actuaciones de los líderes que desconozcan los principios básicos de humanidad, y dejar la sensación de que se acepta finalmente el uso de la fuerza y la imposición del ejército más poderoso como instrumento contra el cual nada puede hacerse; resignando así cualquier opción de actuación jurisdiccional frente a los crímenes que se cometan en tales circunstancias.
@wzcsg