Calidad en la educación
La educación superior en Colombia viene enfrentando desafíos en varios aspectos: mejoramiento de la calidad de los docentes, desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el mundo actual, aumento del uso de tecnologías de la información en los procesos de formación, mayor equidad, cobertura, calidad, pertinencia de la investigación y visión internacional.
Para afrontar estos y otros retos, el Gobierno a través del Ministerio de Educación viene implementando una serie de medidas tendientes a incrementar los aspectos antes mencionados, tanto en las instituciones de educación superior privadas, como en las públicas. Quizá uno de los temas más importantes en este sentido es la acreditación con fines de calidad que, a través del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), se realiza a las instituciones de educación superior, con el fin de que el Estado garantice la calidad de los programas y de la propia institución.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hace el Ministerio, los programas que no cumplen con las exigencias de calidad o incluso que pueden generar perjuicios a la comunidad, son muchos. Hace algunos días conocimos la intervención de la Universidad San Martín; institución, que luego de varias investigaciones realizadas durante más de 20 años, es finalmente intervenida por el Gobierno, con el objeto de ponerle fin a escándalos, estafas y desvío de recursos. Esta universidad, contaba en ese momento con 18 sedes en varias regiones del país, con casi cien programas académicos diferentes para más de 20 mil estudiantes. Dice ser una entidad sin ánimo de lucro, pero la verdad es que al parecer, según las investigaciones iniciales, se desviaban recursos de las matrículas de los estudiantes a empresas paralelas de servicios o de finca raíz, de donde sí se obtenían importantes beneficios; estas empresas son de propiedad de la misma familia dueña de la universidad, o de “amigos cercanos”. Los estudiantes, sus familias e incluso los mismos profesores, no son culpables sino víctimas de este escenario y ahora tienen que enfrentarse a situaciones complicadas para su futuro, dado que el Ministerio suspendió la vigencia de los registros calificados que habían sido otorgados a la universidad y ahora todos ellos tendrán que buscar respuestas para saber qué pasará con sus estudios o sus trabajos.
Esta situación prendió las alarmas y ahora el Ministerio de Educación está realizando investigaciones para determinar si otras “universidades de garaje”, como las llamó el mismo Presidente, puedan estar viviendo situaciones similares a las de la San Martín. El Gobierno debe garantizarles a los estudiantes y trabajadores de las instituciones de educación superior, que estas cumplen con la exigencia del Ministerio en cuanto a calidad, procesos, políticas y manejos de los dineros.
La educación superior es una necesidad para una sociedad en crecimiento como la colombiana, pero debemos extremar medidas para que cumpla con estándares de calidad y transparencia. El llamado al Gobierno es a ser más rigurosos sus procesos de acreditación y a fortalecer los procesos de verificación y seguimiento de los programas y de las instituciones ubicadas a lo largo y ancho del país, para evitar situaciones similares a la de la San Martín.