Inversión para el campo
Los campesinos en Colombia llevan muchos años percibiendo una distancia enorme con el Gobierno y sienten que muchas de las acciones que se toman van en contra de su bolsillo, como por ejemplo la firma de acuerdos comerciales. Adicionalmente, el campo es quizás uno de los sectores más afectados por la inseguridad del país, así como por su deficiente infraestructura; el rezago tecnológico, la falta de innovación en los procesos productivos, los altos precios de los insumos y otros costos, tienen en jaque al agro en Colombia. Estas circunstancias, unidas a otras realidades puntuales de cada subsector, han llevado en varias ocasiones a que se presenten numerosos paros agrarios en el último año.
Los campesinos y el Gobierno se han sentado en varias oportunidades buscando alternativas para aliviar la penosa situación de la población rural azotada por la enorme informalidad en la tenencia de la tierra y por los niveles de desempleo y pobreza; recordemos que hace unos meses surgió la iniciativa del Pacto Nacional Agrario, con el fin de recoger las necesidades, prioridades y propuestas del sector agropecuario para poder reformular la política pública del sector. Aparentemente este proceso va evolucionando favorablemente, pero sin lugar a dudas siempre persiste el riesgo de que las llamadas “dignidades campesinas” se muevan nuevamente hacia un
paro, que es su mecanismo de presión para conseguir que el Estado defina temas puntuales a favor del sector.
El Gobierno acaba de lanzar la Unidad de Banca de Inversión, iniciativa con la que impulsará proyectos agrarios viables y rentables para algunos subsectores como maíz, soya, frutas, cacao y hortalizas. Esta medida busca fomentar la producción y comercialización de estos subproductos dentro y fuera del país, así como generar empleo directo e indirecto para un gran número de productores; se espera que los campesinos puedan mejorar la rentabilidad de sus cultivos e implementar proyectos que modernicen sus procesos. Esta Unidad se encargará de estructurar y promover proyectos de impacto para el agro y de coordinar los esfuerzos e intereses de los propietarios de las tierras, los campesinos y los inversionistas.
Es una decisión, que bien gestionada, puede aportar de manera contundente al desarrollo de estos subsectores, que fueron los escogidos por ser los que tienen mayor potencial de aumentar sus áreas sembradas, de desarrollar procesos industriales en sus cadenas de valor y de presentar una creciente demanda en el mercado nacional e internacional. Si este modelo logra el impacto planeado se podrá replicar en otros subsectores y así generar mayores oportunidades para el desarrollo rural.
Uno de los principales problemas que tienen nuestros campesinos es el acceso a recursos financieros y a convertir sus cultivos en negocios productivos y rentables; con esta medida el Ministerio de Agricultura está dando un paso importante para generar ese respaldo que demanda el sector. Ojalá que tanto los pequeños como los medianos productores puedan acceder a esta nueva política de Gobierno y no se quede en una buena idea que impacte a pocos.