Bloqueos de Transmilenio
El editorial del sábado pasado me dejo muy preocupado, por lo tanto pienso agregar algunos puntos a los conceptos allí esbozados, por ser de suma urgencia poner cuidado a esa práctica que se viene convirtiendo en amenaza constante para el país.
Dice bien el editorialista cuando invoca la libertad de expresión como uno de los derechos cardinales, y seguramente Colombia entiende este postulado porque en muchas ocasiones a lo largo y ancho del país, las protestas hacen presencia, y son válidas, necesarias a más de orientadoras, los sectores del Gobierno pueden valorar si son ecuánimes o simplemente representan un fragmento inconforme, sin bases ni asidero que las justifique, pero definitivamente muestran el sentir de una población inconforme con una norma, ley, situación, escenario y condiciones adversas a sus intereses. Estas manifestaciones de inconformidad porque siempre lo son, sirven al Gobierno para tomar el pulso de actuaciones administrativas mal ambientadas que contrarían las expectativas del conglomerado.
Hemos vivido a lo largo de los años manifestaciones de disgusto y las autoridades las han encarado con carácter y sabiduría pues llegar al diálogo y buscar soluciones es una estrategia valedera y eficaz, la historia está salpicada de anécdotas en mayoría exitosas, pero hay dos componentes en esos escenarios que reclaman especial atención, uno, la fuerza pública gran perdedora en cada una de las intervenciones y el otro, las protestas direccionadas por los organizadores a bloquear las vías y entorpecer el transporte como recurso insustituible de lograr atención.
Hablemos del primer componente, la fuerza pública, especialmente la policía, responsable del orden público y encargada de primera línea ante alteraciones ciudadanas; cuando se programa una protesta, marcha, concentración los primeros en salir cubriendo el lugar y sus alrededores como medida tutelar, son los policías, se supone que su asistencia es preventiva y disuasiva, pero no, los organizadores de entrada descalifican la presencia institucional, considerándola provocadora e inconveniente, es una situación complicada para las autoridades, pues de registrarse desórdenes, si la policía no está para enfrentarlos evitando males mayores, se invoca falta de compromiso, por lo tanto es imperativo el auxilio de la fuerza pública, sin ser negociable su actuación en defensa de los interese de particulares ajenos al evento, urge la comprensión ciudadana y patriótica en esa dirección.
El otro componente trae un aspecto gravísimo si entendemos que la única estrategia que logra consensuar el inconformismo general es el paro del transporte, por ser una actividad de cubrimiento colectivo; ese recurso se ha convertido en técnica permanente para dimensionar las protestas espacialmente en Bogotá, y es tan preocupante que de no tomarse medidas ante futuros bloqueos, podemos encaminarnos hacia un caos de insospechadas proporciones, anteriormente un bloqueo o paro del transporte paralizaba una ciudad hoy se puede paralizar el país.