Algunos altos funcionarios y exfuncionarios públicos que emplean sociedades offshore en paraísos fiscales, cuya lista reveló la valiosa investigación periodística “Pandora Papers” adelantada por el ICIJ en alianza con distintos medios en 117 países, es noticia escandalosa que pone de presente una deplorable realidad que interpela la ética de quienes se precian de dedicar buena parte de su quehacer al servicio público. Es decir, trabajar al servicio del Estado y la comunidad, teniendo así el deber de obrar en beneficio del interés general.
Si bien la creación de estas complejas estructuras, sello de marca de paraísos fiscales, no es a primera vista ilegal, sí aumenta la tensión entre ética y legalidad en las democracias modernas. Además, por el tipo de justificación que dan algunos de los mencionados, entre ellas lo difícil que resulta operar con las reglas nacionales para hacer inversiones en el exterior, pareciera querer mostrarse una sensible incompatibilidad entre el Estado nacional y el dominante capitalismo financiero. Este último, según esto, requeriría para su “óptimo” funcionamiento de estructuras opacas, laxa regulación y jurisdicciones donde el secreto es la regla.
Garantizar el ejercicio de derechos y libertades, así como la autonomía de las personas es el espíritu de las democracias liberales y del Estado de Derecho. Y ello contribuyó a la expansión del capitalismo y a la conformación del Estado de bienestar en el siglo XX, teniendo en la ley el instrumento de regulación.
Sin embargo, también es cierto que la igualdad real ante la ley sigue siendo uno de los déficits en todas las sociedades, sobre todos en aquellas democracias menos desarrollas y con mayores desigualdades como la colombiana. Por ende, en estas condiciones los privilegios de la riqueza son un buen predictor de aplicación discrecional de la ley o de contar con todo tipo de recursos para moverse en sus límites e instrumentar formas de auto eximirse en su acatamiento. Es el ejemplo de poderosos, superricos y multinacionales que acuden a paraísos fiscales buscando eludir impuestos.
La ética apela a la autorregulación frente a los aparentes o reales vacíos legales en una economía cada vez más desregulada y globalizada, donde el alcance de la ley nacional parece desdibujarse en su relación con el capitalismo financiero. Entonces, desde el servicio público no resulta suficiente aducir que un determinado comportamiento simplemente no es ilegal, aun siendo antiético. Pues en este operan principios y valores que anteponen el interés general a la mera lógica de buscar beneficio particular en territorios donde convergen prácticas que van desde evasión fiscal, ocultamiento de patrimonio hasta blanqueo de capitales.
Los paraísos fiscales no son una solución, son un grave problema que desde distintos ángulos afecta la vida de millones de personas en el mundo. Debilita la democracia y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Desafía la ética y la legalidad. Durante la última década varias investigaciones han revelado sus billonarias dimensiones y sus poderosos protagonistas. Acordar soluciones que los desincentiven es inmenso reto. Pero, ¿cómo lograrlo si líderes políticos y otros tomadores de decisiones se lucran de tales beneficios?
@Fer_GuzmanR