A partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2007, por el cual se reformó, entre otros, el artículo 135 constitucional, se le permitió a cada cámara legislativa aprobar por la mitad más uno de sus integrantes, la moción de censura contra altos funcionarios del Gobierno Nacional, como los ministros de despacho.

Si se cumple el calendario político, el próximo martes se llevará a cabo un debate para intentar censurar al Ministro de Hacienda, Dr. Alberto Carrasquilla. No se trata de un debate cualquiera a los que en menos de un mes de gobierno nos hemos acostumbrado los colombianos por cuenta de tantas citas y tantos “debates políticos”. Tampoco se trata de un debate, -cómo lo exige la Carta-, “por asuntos relacionados con funciones propios del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”, sino por la estructuración financiera de unos negocios privados para darle liquidez a las entidades territoriales con el objeto de poder financiar las construcciones de agua.

El modelo de estructuración financiera desarrolló tanto una reforma política (AL 04 de 2007) como la correspondiente ley 1176. Ambas normas, cabe recordar también, aprobadas por el Congreso de la República, validadas por la Corte Constitucional y sin destinatario específico, lo que permite que cualquier habitante del país pueda materializar las órdenes del legislador.

Pues bien, Alberto Carrasquilla, economista destacado, decano de la Universidad de Los Andes y exministro de Hacienda, cumplió el mandato constitucional y con base en él, estructuró un modelo financiero para que más de 100 municipios de Colombia pudieran financiar sus acueductos.

Naturalmente y como toda estructuración de esta índole, fue compleja: (i) edificación de los vehículos jurídicos a través de las fiduciarias autorizadas por la superintendencia financiera, (ii) emisión y comercialización de títulos a través de reconocidas firmas corredoras del sistema financiero y con el aval de las autoridades bursátiles; (iii) consecución de inversionistas nacionales e internacionales por medio de sociedades en Panamá y patrimonios autónomos colombianos; (iv) garantías tanto de los municipios como del propio gobierno nacional y, (v) como era de esperarse, unos intereses de retorno para los inversionistas de riesgo.

El reproche: más allá de los actos de corrupción que rodearon la construcción de estos acueductos y en los que en nada participó el decano Carrasquilla, se ha elevado un único reproche de fondo, a saber: que la tasa de retorno era muy alta. Así, como lo oyen. Que los particulares que asumieron el riesgo de financiar esas obras ganaban mucha plata. Y, aun cuando no se trataba de intereses ilegales o de usura, eran muy altos.

Y, como quiera que el Gobierno no ha presentado un alud de propuestas legislativas y no ha cedido en el nombramiento burocrático frente a los congresistas, -cosa que le permita ser objeto de presiones indebidas-, ha sido ésta la ocasión para empezar el chantaje en aras a conseguir algo de “mermelada”. A eso nos lleva este debate; a un puro y vil chantaje.

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.

@rpombocajiao