La correlación entre política y economía es uno de los factores de caracterización y estabilidad de un régimen político. En los sistemas democráticos, junto con la prevalencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho, se consagran constitucionalmente cláusulas fundamentales sobre la relación Estado-economía; como en el caso colombiano en que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado” determinando su poder de intervención regulada legalmente en distintas actividades con el fin de “racionalizar la economía” y conseguir “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.” (Art. 334 C.P.). Es decir, está fundada en la solidaridad, la corresponsabilidad y la interdependencia.

Sin embargo, la economía de mercado globalizada ha llevado a la concentración de poder económico y político, tanto que desde hace algunas décadas la discusión se da en términos de cómo esta relación es mediada por el poder político creciente de grupos económicos que buscan dominar con sus directrices esta relación fundamental que parece cada vez más dependiente.

En Perú la semana pasada se vivió alta tensión en la relación política-economía por la designación del gabinete ministerial al ser catalogado por sectores económicos y políticos como representantes del ala radical del partido de izquierda Perú Libre por el que se eligió al presidente Pedro Castillo. Situación que les genera desconfianza frente a sus expectativas de contar con un gabinete que proyecte la imagen de un gobierno moderado.

El Comercio editorializó: “Los indicadores económicos reflejan el serio impacto negativo en las expectativas de crecimiento que genera el Gabinete Bellido.” (31/07/21) al reseñar el comportamiento de los mercados frente a estos nombramientos con una taza de cambio que superó la “barrera psicológica” de los S/4 por dólar y una caída general del índice de la Bolsa de Valores de Lima de casi el 6%.

Los juicios sobre la relación política-economía se sustentan más en señalamientos ideológicos a los actores políticos o a su condición de clase o raza que en debates públicos sobre las instituciones económicas y los programas concretos. Generándose así, contrario a la confianza, confusión, miedo e incertidumbre sobre la economía y la propiedad privada. Tanto que Castillo, ya electo, se vio obligado a manifestar “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie… somos democráticos.” (El País 18/07/21).

El caso del Perú ilustra una situación más generalizada de lo que parece: el problema de gestionar la relación política-economía en sociedades fragmentadas en donde la distancia entre quienes concentran los recursos económicos y el resto es más que desigualdad, es segregación. La cual se expresa en el desconocimiento del otro y la perdida de solidaridad. Y en donde subyace la discriminación por raza o ideología que impide la validad discusión política sobre la forma de cumplir los fines del Estado y la economía.

Así, la pluriculturalidad de los países latinoamericanas y el pluralismo político enfrentan un gran desafío al persistir tal segregación que permite el predominio de la visión de “un país económico” separado de los otros. 

@Fer_GuzmanR