El fallo de la Corte IDH en el caso Petro le ordena al Estado colombiano hacer ajustes normativos para que ningún servidor público que haya sido elegido mediante el voto popular pueda ser destituido ni inhabilitado por decisiones de autoridades administrativas, como es en este caso la Procuraduría General de la Nación.
La Corte Interamericana considera que en este caso se violó el artículo 23 de la CADH que establece que ningún elegido por voto popular puede ser separado de su cargo, sino por decisión de funcionario judicial competente. Lo anterior significa que los congresistas, diputados, concejales, ediles, gobernadores y alcaldes quedan por fuera del control disciplinario y fiscal de la Procuraduría y la Contraloría General. En términos prácticos esa decisión implica que los órganos de control pierden una herramienta sustantiva en la lucha contra la corrupción porque tales funcionarios solo podrían ser removidos de sus cargos mediante sentencia judicial. Y en Colombia ocurre que hay faltas disciplinarias que no constituyen delito.
Este fallo tiene enormes consecuencias porque en un “plazo razonable” se tendrían que readecuar las competencias de los órganos de control frente a tales servidores públicos que quedarían sin esos controles, lo que puede ser un retroceso en la vigilancia de la conducta oficial de quienes ostenten esa condición.
Aquí lo que ocurre es que un órgano como la Procuraduría General no existe como tal en todos los países y cuando se adoptó la CADH seguramente no se tuvo en cuenta la redacción de ese punto que puede aplicar para los demás países pero que no se adecua al caso colombiano. El Procurador General, Fernando Carrillo, ha dicho que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha queda en un limbo jurídico; el problema que surge es con los procesos disciplinarios que se encuentran en curso.
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Con unos días de diferencia se han registrado dos masacres terribles en el suroccidente colombiano: una en la ciudad de Cali, que dejó cinco muertes violentas, y otra en el municipio de Samaniego- Nariño, en el que cayeron ocho adolescentes que departían en una zona rural cercana a la cabecera municipal cuando fuerzas oscuras llegaron a la zona y les dispararon. Aunque no se conocen los móviles, de todos es sabido que en esta región operan bandas al servicio del narcotráfico que se disputan su control; también hacen presencia otros grupos armados ilegales.
La pregunta que surge es por qué ese ensañamiento contra grupos de jóvenes indefensos. La respuesta deben encontrarla los cuerpos de investigación del Estado para que las autoridades actúen con más eficacia en la prevención de estos lamentables y condenables hechos delictivos que parecen tener como blanco de sus acciones violentas a un sector poblacional inerme de nuestra sociedad como son los adolescentes. Hay que detener las masacres y evitar que se repitan hechos de estas características que han conmovido la sensibilidad de todos los colombianos.