Termina el período legislativo del segundo semestre del 2018 con el modelo que adoptó el presidente Duque en el sentido de que los partidos políticos no tienen representación formal en el gobierno. Ese ha sido, sin duda, un ensayo audaz que busca replantear las relaciones del Ejecutivo con el Congreso para garantizar su independencia. Lo cierto es que un proyecto de importancia como la reforma a la justicia naufragó por un conjunto de circunstancias que se movieron a su alrededor.

Como nunca habrá un proyecto de reforma perfecto que satisfaga las aspiraciones de todos, porque es muy difícil construir consenso sobre cualquier propuesta de reforma sobre esta materia, al gobierno le va tocar dividirlo y volverlos proyectos separados, porque si al Congreso o las Cortes le surge alguna preocupación sobre algún tema, habrá otros en que de pronto no. De esta manera será más fácil construir acuerdos y los proyectos pueden hacer tránsito por el Congreso sin tanta dificultad.

Así, por ejemplo, iniciativas como la eliminación de las facultades electorales de las Cortes, en lo que ya no hay mayor discusión en el país, podría tramitarse sin mayor dificultad. También se puede considerar la propuesta del tribunal de aforados para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado al que no se le puede calificar de esperpento, como dijeron algunos, con el argumento discutible de que no hay quien investigue sus integrantes.

Por otro lado, finalmente logró aprobarse el proyecto de reforma política pero sin la lista única, o sea, sin la eliminación del voto preferente que era su esencia. La lista única permite que haya una sola tesorería para ejercer mayor control sobre las campañas. La verdad es que la financiación total por parte del Estado sin lista única no resulta. Se anuncia que en la segunda vuelta se puede revivir el tema, pero no resulta fácil su aprobación si se tiene en cuenta que hay fuerzas políticas que no están de acuerdo con su adopción.

Del mismo modo se expidió la Ley de Financiamiento Fiscal que busca recaudar algo más de siete billones de pesos para equilibrar las finanzas públicas. Se dice que el déficit que heredó el gobierno puede llegar al doble de lo que espera recibir, lo que obligará al gobierno a hacer esfuerzos ingentes para obtener el resto de los recursos y garantizar el financiamiento de varios de los programas sociales.

Es evidente que la falta de una coalición de gobierno está afectando el trámite de la agenda legislativa y ello está creando traumatismos. Está muy bien que el nuevo gobierno haya llegado con la voluntad resuelta de desmontar los cupos indicativos que, en diferentes casos, se había prestado para malas prácticas. Pero invitar a unas fuerzas políticas a la ejecución de un programa de gobierno con representación política no equivale a lo que se conoce como mermelada. Por tanto, hay que buscar canales de entendimiento con el Congreso porque, de otra manera, resulta muy difícil gobernar. Si bien gobernar no es legislar, hay que reconocer que los instrumentos que se requieren para garantizar la efectividad de distintos compromisos del gobierno deben pasar por el Congreso.