El pasado 25 y 26 de noviembre se cumplió el bicentenario del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra o Armisticio de Trujillo que fuera firmado por los representantes de la Gran Colombia y el Reino de España en Trujillo (Venezuela) en 1820. Mediante los acuerdos que contenía este instrumento se ponía fin a lo que se conocía como guerra a muerte -que fue practicada por ambos bandos-, y se pactó también una tregua de seis meses. Se ha sostenido  que la suscripción de tales acuerdos hizo parte de la estrategia del General Bolívar para que el Estado español reconociera a la naciente república de la Gran Colombia, luego de la expedición de la Ley de Angostura.

Los cronistas recuerdan que Pablo Morillo había recibido instrucciones desde España en el sentido de acordar un cese de hostilidades con el comandante del Ejército Libertador Simón Bolívar, para cuyo efecto decidió decretar un cese unilateral al fuego con el fin de allanar el camino y luego invitar al jefe republicano a llegar a un acuerdo sobre regularización de la guerra.

En tal fecha se acordaron los términos de lo que vino a conocerse como Armisticio de Trujillo por los plenipotenciarios de ambos bandos. En el marco del Tratado se convino suspender las operaciones militares en mar y tierra en territorio venezolano y se comprometieron a hacer la guerra “como la hacen los pueblos civilizados”. Expresamente se consagró el respeto a los no combatientes, el canje de prisioneros y proscribir las prácticas de la guerra a muerte que había degradado tanto la confrontación armada.

Luego vino el célebre abrazo de Bolívar y Morillo en Santa Ana el 27 de noviembre del mismo año  en el acto de ratificación de los acuerdos pactados por los plenipotenciarios de las partes.

El Armisticio se rompió antes de los seis meses  a raíz de la ocupación de la ciudad de Maracaibo por parte del General Urdaneta para desalojar al gobernador Delgado; Maracaibo se había unido a la Gran Colombia. Como consecuencia de tal episodio, que fue considerado como una ruptura de la tregua, se acordó reanudar las hostilidades el 28 de abril de 1821, pero se buscó que la etapa final de la guerra de independencia quedara sujeta a los compromisos asumidos en el Tratado de Regularización de la Guerra que, como era de esperarse, no se cumplió de manera rigurosa.

Como se puede apreciar, el Tratado de 1820 contiene normas precursoras del Convenio de Ginebra de 1864 que buscaba el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña, y de otros Convenios posteriores. Este instrumento constituye un claro antecedente de las cláusulas relativas al trato debido a los prisioneros de guerra, a los heridos y a la población que no tome las armas y que, por tanto, no participe en las hostilidades, vale decir, a la población civil, que contienen  los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.