Pensando en el posconflicto (II)
Dimos a conocer en nuestra anterior columna lo que pensábamos en relación con la reinserción a la vida política de los alzados en armas que se desmovilicen, y sobre el número de voceros que podrían elegirse para llevar su representación política en los cuerpos colegiados de elección popular. Olvidamos agregar que en propuesta inicial habíamos incluido también el derecho que tendrían los insurgentes desmovilizados de tener un representante con voz y voto en el Conpes, espacio en el cual podrían ejercer una especie de veeduría sobre el plan de inversiones y el manejo económico del país, es decir, sobre el modelo que se ha venido ejecutando por los gobiernos elegidos en los últimos años, así su perfil neoliberal no sea compartido entre muchos colombianos, como ocurre en nuestro caso.
La pretensión de cambiar el modelo, planteada en el discurso de Iván Márquez y como producto de los diálogos de paz, seguramente no será aceptada por los delegados del Gobierno en la Mesa de Negociaciones, pues la sustitución del modelo habría podido ser legítimamente planteada, a título de exigencia, si la revolución hubiera triunfado, y como esto no ha ocurrido, lo pertinente es que las fuerzas desmovilizadas la lleven como propuesta a los escenarios políticos que proponemos se les reconozcan y en los cuales seguramente coincidirán con otras fuerzas políticas que se oponen a que el modelo neoliberal de la economía sea el que siga imperando en nuestro país, y con el cual se han ahondado desigualdades en nuestra sociedad.
Será un ejercicio democrático bienvenido que las Farc entren con esas ideas por las puertas que se les abrirán en nuestra democracia -si culmina favorablemente el proceso de paz- y, en ese sentido, deberán ser los primeros interesados en que las negociaciones no fracasen, tanto más cuanto la revisión del modelo, por ser compartida por otras fuerzas políticas del país, tiene futuro.
Pero nuestro artículo venía encaminado a responder el interrogante sobre quien podría llevar la representación política de las Farc (y del Eln si se desmoviliza) en los cuerpos colegiados de e lección popular. En nuestra opinión, medidas de apertura política y de justicia transicional, sometidas a referendo o a consulta nacional popular convocada por el Presidente de la República - y cuyos resultados serían de obligatorio cumplimiento según está previsto en el artículo 104 de la Constitución Política-, podrían constituirse en vías legítimas de apertura hacia espacios de aceptación nacional e internacional.
Heber aceptado que a la mesa instalada en Oslo comparecieran guerrilleros con investigaciones y condenas a cuestas en aras de la paz, es un precedente que permite pensar que no debería existir discriminación alguna en cuanto al derecho de representación política que tendría la insurgencia en los cuerpos colegiados de elección popular, dentro del marco (pragmático) de nuestra iniciativa; reconocimiento que deberá elevarse a acuerdo político entre el Gobierno y las Farc y a referendo o a consulta del pueblo para darle sustento democrático.
P.D. Nuestro próximo artículo: Las declaraciones de “Timochenko”