“El pueblo tiene percepción mayoritaria y negativa”
TOMANDO NOTA
Justicia en Macondo
En reciente encuesta, realizada por Investigaciones y Datos Colombia Global Group, entre el 21 y 28 de marzo, el 61% de colombianos no cree en la justicia. Y un 73%, a la pregunta de si cree en la existencia de “testigos falsos “, dijo que sí.
De las encuestas se dice que son una fotografía del momento. Y a fe que ese registro de opinión indica que si el pueblo tiene hoy esa percepción mayoritaria y negativa sobre la justicia, existe una situación de crisis institucional grave que no se corrige con reformas de poca o engañosa trascendencia, como la que se debate en el Congreso por estas calendas y cuyo contenido se nos ha querido presentar como ejemplar, cuando nada en ella lo es, en fin de cuentas.
Más aún: si se ahonda en algunos aspectos de la reforma, podrá decirse lo contrario. Por ejemplo, si en ella se consagró la inviolabilidad de los miembros del nuevo Tribunal de Aforados, por el contenido de sus sentencias, el delito de prevaricato no podría deducírseles, pues las resoluciones abiertamente ilegales que pudieren dictar sus miembros, eventualmente, no podrán ser objeto de tal reparo, así se considere, en sana interpretación del Código Penal, que la “abierta ilegalidad“ -elemento estructural de ese delito- se da, precisamente, por el contenido en determinada resolución o sentencia.
Que el legislador de Macondo, haya consagrado la inviolabilidad de tan altos jueces frente al delito de prevaricato (u otro), por el contenido de sus sentencias, causa alarma moral. ¿Se podrán firmar sentencias, abiertamente ilegales en su contenido y que llegaren a condenar a inocentes, o al Estado, por fallas en la prestación del servicio público de la justicia; cubiertas las sentencias por la impunidad de sus autores?
¡Y qué decir, de acusaciones o condenas basadas en testigos o delatores falsos! ¿Merecerán la impunidad los operadores judiciales, -fiscales incluidos-, que hayan avalado a tales personajes? Seguramente, en este tema se ocupó el foro realizado ayer en Cartagena y al cual asistieron, como víctimas de falsos testigos, la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez y el almirante (r. ) Gabriel Arango, según leímos en El Universal.
Como experiencia personal, cuento el episodio que me acaba de ocurrir, cuando me notifiqué de una sentencia del Consejo de Estado, proferida por los magistrados que integran su Sección Quinta, en cuyo contenido se me hizo figurar como coadyuvante del demandado, cuando, en forma contraria, mi escrito de coadyuvancia -inspirado en la defensa de la moral pública-, fue dirigido a reforzar los argumentos del demandante contra el acto acusado: la elección de un consejero electoral. ¿Puede aprestigiar a la administración de justicia, tal clase de ocurrencias?
Las encuestas divulgadas son, entonces, reflejo de una realidad penosa.