La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -Cidh- presentó el pasado 7 de julio el esperado informe sobre su visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio en el marco de la protesta social y el paro nacional iniciado el 28 de abril. Compuesto por 184 observaciones a través de las cuales aborda los distintos aspectos relacionados con la constatación de graves violaciones de los derechos humanos; y 187 recomendaciones al Estado sobre acciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos humanos en el desarrollo del derecho a la protesta y en la atención de la creciente conflictividad social.

Más allá de las reacciones en caliente que ha generado inicialmente en algunos sectores sobre todo gubernamentales, el informe da cuenta de un trabajo riguroso en aplicación de una metodología basada en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que abordan de manera amplia y diversa el análisis integral e interdependiente de los derechos humanos desde las distintas situaciones y los diversos actores. Y constituye un documento de gran valor propositivo que como se mencionó en su presentación es también “una oportunidad única para que Estado y sociedad reviertan la situación actual en el marco democrático del Estado de Derecho y con el máximo respeto a los derechos humanos.” 

Sin embargo, por su complejidad y trascendencia el informe no es asunto que se aborde y se agote en una sola lectura o análisis, y mucho menos mediante declaraciones o acciones correctivas aisladas o unilaterales. Además, contribuye a definir una hoja de ruta para adelantar el necesario diálogo social en el país en el marco de la Constitución Política de 1991, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Paz de 2016.

En este sentido, dichos instrumentos componen a su vez un marco jurídico político e institución de la democracia participativa y del Estado Social de Derecho que le da legitimidad al diálogo y a la acción de todos los actores. Pero, sin olvidar que velar por la efectividad de este marco hace parte también de las acciones a emprender como en el caso de garantizar el sistema de pesos y contrapesos e independencia de los poderes públicos.

Por ello, dentro de los muchos e importantes aspectos del informe que demandan atención, hay uno que en mi opinión resulta pertinente para el desarrollo de la hoja de ruta como es la recomendación de “Promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país.”

Y es que como se ha tratado por distintos sectores desde las protestas de 2019 hay temas estructurales objeto del creciente descontento social que demanda ser atendidos como el acceso universal a la educación y la salud. El diálogo democrático legítima y revitaliza el debate público y la participación ciudadana. Así como la inclusión sin estigmatización de los jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las personas LGBTI y defensoras de derechos humanos. ¿Podremos dialogar y avanzar?

@Fer_GuzmanR