La toma de decisiones basada en evidencia es uno de los postulados que goza de amplio consenso entre analistas de la alta dirección, tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en aquellos enfoques basados en la gestión de la calidad para buscar la excelencia en las organizaciones; a través de la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de su misión. Así, la evidencia, consiste en contar con información confiable y relevante. La cual, es soporte del conocimiento público sobre los propósitos de la decisión y los medios a emplear para conseguirlos.

Sin embargo, no siempre es así. El sesgo y ciertas polémicas sobre la información disponible no han brindado certezas ni consenso sobre algunas decisiones. Y, más grave aún, cuando se decide sin evidencia. Uno de estos casos son las reformas al sistema de salud en América Latina en los años 90. En Colombia, en aquellos años, en el popularmente llamado gobierno del revolcón, del entonces presidente César Gaviria, al ritmo del “decálogo” del Consenso de Washington, se tomó la decisión de privatizar el sistema de salud sin reparar en la evidencia. Había diagnósticos de la situación del Sistema Nacional de Salud. Pero, prevaleció la “intuición” de que el sector privado lo puede hace mejor que el sector público.

Así, las reformas al sistema de salud (Ley-100/1993) introdujeron el esquema de mercado sin considerar las limitaciones del contexto ni los riegos en su operación; sobre todo en materia de solidaridad y universalidad. Al respecto, la profesora e investigadora María José Luzuriaga en un serio artículo publicado este mes en la Revista de la Cepal No.139, concluye que “en Colombia se introdujo una reforma privatizadora que se llevó a cabo procurando evitar el impacto negativo que se había observado en la reforma chilena, pero este objetivo no se consiguió.” Y sobre la caracterización de ese impacto negativo en Chile, afirma “En Chile se llevó adelante una reforma de salud promercado considerada pionera, cuyas consecuencias, en términos de inequidades del sistema, persisten hasta la actualidad.”

La reforma al sistema de salud del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, propone corregir el rumbo, a través de un sistema preventivo, predictivo y universal, con administración estatal de los recursos. Sin embargo, una de las llamadas líneas rojas de quienes se oponen al proyecto de reforma está basada precisamente en mantener la administración de los recursos del sistema en los actores privados. Sin reconocer que, a diferencia del pasado, esta vez hay abundante evidencia para observar claramente que persistir en tal directriz, sería profundizar las desigualdades generadas por las dinámicas de mercado en el sistema de la salud.

En Colombia, la salud es un derecho fundamental y no una mercancía. El buscar que se garantice su efectividad ha sido una larga y dolorosa lucha (Por ejemplo: Sentencia T-760/2008, Ley-1751/2015) que aún continúa. Avanzar en dicha dirección, supone estructurar un nuevo tipo de relación público-privada para un sistema de salud universal y equitativo; más allá de interesadas polémicas sobre estatización o privatización. Por ello, una opción, basada en evidencia, sería un modelo mixto que corrija las fallas, atienda las prioridades y con administración estatal de los recursos del sistema de salud.