El cable con alta tensión de corriente en producción y consumo asoma siempre en épocas de dificultades, elevando tendencia en precios, tarifas y costos generales que, golpean al final, bolsillos del ciudadano común. Oportuno advertir que los especuladores, socios de los acaparadores, son protagonistas de ambos delitos que se extienden por ciudades, municipios de característica mediana, poblaciones y zonas veredales.

“Meten miedo, diciendo que todo sube por la pasada cuarentena y el virus”. Así lo recibe la ciudadanía, enfrentada año a año, ante los operadores en el trasfondo del supuesto comercio de quienes encuentran negocio con engaño.

“Que eso sucede en todas partes del mundo”, dirán expertos económicos y no pocos ciudadanos. Otra cosa es la maña de bandas de acaparadores de alimentos y bebidas, en barrios y poblaciones periféricas a ciudades grandes.

75 por ciento de países reconocidos por el Plan Mundial de Alimentos y Productos Preferentes, impulsado por Naciones Unidas recomienda control para distribución y venta de artículos de consumo. El desborde alcista es definido como delito. Durante años, se ha atribuido a autoridades municipales, el control de precios por temporadas, como la actual.

 Sin embargo, el negocio fraudulento funciona escondido, por los mismos acaparadores y especuladores con depósito propio. Los aumentos, están vivos en productos agrícolas ofrecidos en pequeños y medianos supermercados con alzas del 12 al 15 por ciento; al igual que en medicamentos y artículos de aseo en igual proporción, en locales de zonas residenciales.

Debe actuar la Superintendencia de Industria y Comercio; cuando lo ha hecho se generan resultados de valor, al detectar falsificación y pésima calidad de algunos; entre otros, falsos productos de belleza. Es principio exigente para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo precisar el ideario legal, para proteger consumo con control de calidad y elaboración de productos en el país, ante las marcas desconocidas en mercados populares.     

Así abrió camino el desborde de precios al consumidor, atribuyendo la carga a los efectos económicos por cierres en medio de pandemia y cuarentena. Ya hay denuncias en barrios y poblaciones, de periferia a Bogotá y, ciudades de otros departamentos.

Que rija el Decreto de Gobierno porque el fenómeno tiende a crecer, mientras la ciudadanía espera normalización económica y social, al menos de manera gradual, porque es evidente el esfuerzo laboral de habitantes de zonas densamente pobladas en sur capitalino.

La distribución básica de alimentos y medicamentos es motivo de discusiones y presiones, con cara de comercio revuelto; unos protestan, y otros, alzan precios, mientras muchos llaman a la especulación, “negocios verracos.”