El Código Nacional de Policía y Convivencia que fue promovido en gran parte por la Policía Nacional, se le ha venido convirtiendo en un gran dolor de cabeza a esa centenaria Institución por cuenta de la evidente falta de preparación de sus miembros en la interpretación y aplicación de las normas allí contenidas.

Los patrulleros, subintendentes e intendentes que son, en general, los grados del personal que tiene contacto con la ciudadanía en las calles y campos del país, no parecen haberse enterado o haber sido preparados por sus mandos superiores en el contenido del Código y menos aún, en su propósito definido que no es otro que el de la promoción de la convivencia, definida ésta en el artículo 5 como “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”.

Dos temas les están costando adaptarse a los patrulleros y sus colegas. Y son los que más problemas disciplinarios e incluso penales les causan a ellos como funcionarios públicos, así como una preocupante disminución del reconocimiento ciudadano para la Institución.

El primero es el de las grabaciones que los ciudadanos pueden hacer de cualquier procedimiento policial. Por alguna extraña razón los policías de vigilancia se sienten agredidos y ofendidos cuando ven que algún curioso o testigo levanta un celular con la cámara activada en modo video. Es como si en alguna de sus neuronas existiera una especie de alerta contra la transparencia y publicidad que se supone implica la grabación o sintieran que el hecho de grabar su proceder implica algún reproche. Parece que no leen el Código que en el artículo 21 define el “carácter público de las actividades de Policía” y les advierte que “impedir la grabación” es causal de “mala conducta” ni ven la página web de su propia Institución donde se los instruye sobre el asunto. El ejemplo de la agresión contra el fotógrafo Juan Páez por un patrullero en la estación de Transmilenio de Las Américas es el más reciente, pero seguro no será el último.

El segundo tema problemático es el de las manifestaciones de afecto entre parejas del mismo sexo que saca a flote todos los prejuicios machistas, religiosos, moralistas y discriminadores de la mayoría de gente de la fuerza. Tampoco vale que el artículo 33 del Código de Policía defina como comportamiento que afecta la tranquilidad el de limitar u obstruir las manifestaciones de afecto de personas del mismo sexo y que allí mismo se aclare en el parágrafo que no constituye acto sexual ni exhibicionismo “los besos o caricias” que se prodiguen en público las personas como expresión de cariño. Los policías que en el Centro Andino tomaron partido a priori por el salvaje que agredió a una pareja homosexual, son el vivo ejemplo de que hay más Código que Policía.

Se necesita con urgencia alguien que les informe a los policías que de las cámaras de los celulares no salen rayos homosexualizadores. A ver si dejan de odiar a las unas y a respetar los derechos de los otros.

@Quinternatte