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Repensar preceptos para decidir

Es  un hecho que la reelección del presidente Juan Manuel Santos produjo una especie de oxigenación de la credibilidad de la opinión pública en la negociación para ponerle fin al conflicto armado con las Farc y en la conducción político-estratégica del gobernante. Sin embargo, las acciones de sabotaje y terrorismo realizadas por esa guerrilla durante estos días previos al inicio oficial del segundo mandato presidencial han puesto en entredicho dicha credibilidad.

La probable motivación -no única pero sí quizá principal- de las Farc para ejecutar los diferentes atentados sería la pretensión de mostrarse fuertes y así no dejarse arrinconar en la mesa de La Habana, en especial después de haber firmado la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: Víctimas”. Por esta razón estarían tratando de provocar al Gobierno para que rompa o al menos congele las negociaciones en un momento en que le queda muy difícil hacerlo debido a su principal propuesta electoral: “un país en paz”. Pero el mandatario dio una respuesta clara con la declaración de que “se están cavando su propia fosa política (…) están jugando con candela y este proceso puede terminar…”.

No obstante lo anterior y debido a que el país no está propenso para aguantar más frustraciones en el camino por recorrer para cerrar el conflicto armado, conviene que los tomadores de decisión en uno y otro lado repiensen preceptos como los que siguen, los cuales, según parece, yacen subyacentes en varias de sus decisiones, pero que desde la perspectiva estratégica contienen solo verdades incompletas.

Los colombianos, especialmente quienes habitan las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado, están acostumbrados a sobrellevar sufrimientos e incomodidades que producen las acciones violentas; su paciencia ha sido probada en múltiples ocasiones. El Estado es el único responsable por la salvaguarda de los derechos humanos y la provisión de seguridad, lo que implica que cuando son afectadas dejan al desnudo su impotencia e incapacidad. La superioridad militar del Estado se neutraliza con acciones de sabotaje y terrorismo. Y esto tiene consecuencias políticas favorables a “la causa”. La fuente de poder más real y eficaz es la fuerza y la coerción.

Una cosa es la negociación política y otra la dinámica militar. Por esto la mesa de La Habana es independiente del ambiente político-militar del país, los efectos de este sobre la opinión pública no tienen por qué afectar ni el ritmo ni la confianza en las negociaciones. El lenguaje y posturas políticas no tienen que coincidir ni con el lenguaje y posturas de la institución castrense, ni con el tipo de operaciones militares que se realizan.

La principal manera de mantener en alto la moral de las tropas es mediante los “éxitos operacionales”, especialmente aquellos en los que mueren jefes guerrilleros y se pone en evidencia la superioridad de medios militares.