Signos de alerta en la seguridad jurídica

Por  primera vez se oye la posibilidad de que empresas acudan a los tratados de protección de inversiones.

Desde que la economía colombiana se estabilizó en el año 2000 y empezó a crecer a un ritmo constante, la inversión privada tanto extranjera como nacional ha aumentado significativamente. El sector privado colombiano y los inversionistas extranjeros han jalonado la economía y gracias a ellos el desempleo ha disminuido y el crecimiento ha sido posible.

Cada día son más las inversiones privadas en sectores donde el Estado no puede hacerlo o es ineficiente cuando lo hace. Sectores como el del petróleo, gas, infraestructura y comunicaciones son un ejemplo claro de lo que el sector privado puede lograr en labores que el Estado jamás hubiera alcanzado a desarrollar. El sector privado es el motor de la economía y se ha encargado de reemplazar al Estado en muchas de sus viejas funciones, con éxito.

Sin embargo, para que exista inversión privada y se genere riqueza, el sector privado requiere de normas claras, estables y equitativas. En otras palabras, se requiere de “seguridad jurídica”. Para la inversión privada este es un punto casi tan importante como la rentabilidad económica de un negocio. Poco se logra con un negocio aparentemente muy rentable si existe la amenaza de que las reglas de juego puedan ser cambiadas a la mitad del partido.

Con preocupación hoy se empiezan a sentir señales contradictorias en esta materia y cada vez son más los casos en los que el Gobierno está enviando a los inversionistas señales de inestabilidad legal. Por primera vez se oye la posibilidad de que empresas acudan a los tratados de protección de inversiones en razón a las acciones que generan inseguridad legal, lo cual si llegare a suceder sería una señal crítica para la inversión. 

La inversión privada requiere reglas de juego estables que además involucren directrices claras en su aplicación. La variación de criterios de interpretación y la aplicación en forma desigual, son factores perturbadores de la inversión. El cambio en las reglas del juego que se definen para los negocios no se puede producir por capricho de los funcionarios de turno.

Una buena señal del Gobierno en sus diferentes instancias sería ver a los inversionistas como aliados y no como adversarios. La inversión privada siempre buscará utilidades y eso no puede ser mal visto por los funcionarios públicos.

La primera señal para que la estabilidad jurídica sea un hecho, la deben dar las mismas empresas cumpliendo con las normas y las obligaciones con el Estado. El incumplimiento de las normas o de contratos y el uso de prácticas ilegales como el soborno acaban generando innecesarios controles y cambios en las reglas del juego en los que solo pagan justos por pecadores. Quien desde el sector privado genere corrupción, debe ser ejemplarmente sancionado por la ley y por la sociedad.

Pero los funcionarios públicos también deben dar señales de respeto a las reglas del juego. A ellos les corresponde aplicar las normas con criterios que se basen en la buena fe de los empresarios y no al contrario. También  deben aplicarlas con criterios de equidad y de igualdad.

En esta labor es muy importante el efecto de los órganos de control. El llamado “síndrome de las ías” crea un exceso de prevención en los funcionarios públicos que los conduce a interpretar las normas partiendo del supuesto de mala fe en las actuaciones de los particulares.

Este es un momento oportuno para que el Gobierno, desde el Presidente de la República en adelante den señales claras de estabilidad legal.