Tiene razón el presidente Petro cuando pide evacuar Puerto Valdivia antes de hacer las pruebas en Hidroituango. Es una advertencia que vale para los catorce municipios río abajo del Cauca: Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, en Antioquia; San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué en Bolívar; Guaranda, Majagual, Sucre, San Marcos, San Benito, en Sucre; y, Ayapel en Córdoba. La singular situación pone de presente nuevamente la necesidad que tiene el país de la Autoridad Única del Agua, como lo hemos planteado en este matutino desde la ola invernal del 2011, y llevamos a las discusiones sobre el PND 2014/18.

Se optó, entonces, por la creación del Consejo Nacional del Agua (art.250 ley1753/15) que tiene por objeto “la coordinación y articulación de las políticas, planes y programas de las entidades del Estado con la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico”. El Consejo fue reglamentado por el decreto 585/17, para decidir su integración y agregarle más palabrería a su limitada autoridad. Lo cierto es que el público no sabe cuándo se reúne ni para qué se reúne. Y sus decisiones no se dan a conocer.

Insistí en la idea a raíz de la decisión de EPM de interrumpir el caudal del Cauca por tres días, en febrero de 2019, porque esa interrupción tuvo considerable impacto ambiental sobre los peces, las plantas, los pescadores y los habitantes de esa ribera. Si bien se rescataron casi 200.000 peces, fueron 40.000 los que se murieron. Además, la recuperación del cauce ecológico y de la vida fluvial resultó más complejo de lo que se pensó inicialmente.

No estamos cuestionando la importancia que para el desarrollo nacional tiene la hidroeléctrica de Hidroituango. Tampoco ignoramos lo difícil que fue la emergencia que se vivió, y admiramos, como todos los colombianos, la pujanza y el prestigio de EPM. Pero los eventos de 2018 no se pueden desconocer. Por eso, ante las pruebas y próxima operación de Hidroituango, repetimos la pregunta que hicimos entonces: ¿Puede una entidad municipal, en este caso EPM, decidir sobre el caudal de un río como el Cauca, el segundo más extenso de Colombia?

Por cierto, el gobernador Espinoza Oliver, de Sucre, ha expuesto las angustias de las poblaciones mojaneras ante la falta de planes actuales de contingencia para esa zona. Con el agua al cuello, desde hace 15 meses, La Mojana merece más que una atención pasajera de las autoridades nacionales. Es hora que el gobierno Petro se comprometa con la solución definitiva a las inundaciones.

Otro tema: en la operación regular de Hidroituango el agua turbinada que se devolvería al río no tendría nutrientes. Este es un aspecto que necesita desde ahora la atención de las autoridades ambientales, pues el impacto sobre las especies icticas va a ser catastrófico. ¿Cómo se compensa semejante perjuicio? ¿Será pensable que plantas de tratamiento restablezcan nutrientes? ¿EPM tiene respuestas a esta alteración del ecosistema fluvial?

Es evidente que la dimensión de los problemas planteados supera la responsabilidad de una entidad como EPM. Corresponde al Estado Nacional llenar ese vacío. La gobernanza del agua es uno de los grandes objetivos del siglo XXI.

Resulta oportuno y urgente aprovechar la declaración de desastre, a que se refiere el decreto 213 de 2022, para crear la Autoridad Única del Agua. Posteriormente se presentaría al Congreso el correspondiente proyecto de ley.

En el entretanto, puede dársele contenido concreto al Memorando de Entendimiento 2011, entre los gobiernos de Holanda y Colombia, sobre cooperación en la Gestión Integral del Agua. La experiencia holandesa de Juntas de Agua descentralizadas es mundialmente reconocida. La agenda del cambio climático, la búsqueda de la equidad ambiental, exigen dinamismo y osadía.