El transporte aéreo debe concebirse como un servicio público esencial y el Estado, garantizar su reglamentación organizacional de operación, en términos de seguridad, regularidad y eficiencia.

Son condiciones mínimas concernientes a una actividad que interconecta diversos frentes productivos de la vida del país, y del país con el exterior.

Dada la topografía colombiana, el avión es imprescindible  para ir de un sitio a otro, en tiempo exigente, impuesto por el mundo del hoy.

Así entendida la función vital del Medio de Transporte Aéreo, cabe preguntar, si el Estado colombiano ejerce acertadamente su misión de garantizar lo que le corresponde. Parece que no.

La presencia de una única compañía en capacidad de atender adecuadamente la creciente demanda de pasajeros y carga, indica que los cálculos proyectados por la autoridad aeroportuaria son deficitarios.

Este escenario obliga, de manera inmediata, a decidir hasta dónde es necesaria la integración al  mercado de nuevas propuestas de servicio, iguales o mejores (¿Por qué no?) a las ofrecidas por Avianca.

No se trata de un botón negro para la entrañable empresa, ícono del transporte comercial aéreo colombiano, identificada como un símbolo más del país en el exterior.

Este grato recuerdo no se aparta de normas constitucionales en la economía, que establecen en el sector empresarial la Posición de Dominio para regular sana competencia con eficiencia en actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Es requisito exigido al Estado, si se tiene en cuenta que la democracia, también respira, como factor determinante para  evolución con excelencia en una sociedad organizada, más aún en transporte aéreo, al que ahora se le reconoce rango esencial.

Ampliar el abanico de ofertas garantizaría que el país no se paralice, aunque  pare, una aerolínea en particular. Es el sentido general del beneficio común.

Una razón suficiente para aterrizar nuestras obligaciones de manera equitativa para todos: Propietarios, socios, directivos, tripulaciones, empleados, autoridades aeroportuarias y desde luego, los usuarios nacionales y extranjeros.

Otra cosa es el conflicto laboral planteado por los pilotos, en huelga, al reclamar ajustes salariales y reconocimientos especiales para su ejercicio profesional. Las solicitudes sindicales de alto vuelo y costosas fueron descartadas desde el comienzo.

Y se abrió el interrogante si en Colombia, se pueden reclamar salarios y condiciones similares a EE.UU, Europa y países árabes; en estos últimos, según la  revista británica -The Economist - están los “trabajadores ricos”, gracias al petróleo.

Por ahora, mejor aterrizar verdades colombianas, y buscar soluciones razonables para este país, que marcha hace rato, con motor desacelerado y desajustado.