La demanda por la llamada apertura democrática sintetiza en buena medida uno de los ejes explicativos del conflicto colombiano, junto a otros como la lucha por el acceso y la propiedad de la tierra. Dicha bandera reivindicativa se levantó frente al predominio de un sistema bipartidista caracterizado por restringir la participación política y con ello la negación en la práctica del libre ejercicio de los derechos políticos de elegir y ser elegido, y de conformar partidos y movimientos políticos.

Así, en los turbulentos años 80 del siglo pasado, en medio de los procesos de diálogo de los gobiernos de Betancur (1982/86) y Barco (1986/90) con los distintos grupos insurgentes, resalta en la agenda el elemento común de la apertura democrática. Y no es gratuito que en esta década se conformara el partido Unión Patriótica (1985) y se expidiera el primer estatuto de partidos (Ley 58 de 1985). También que se aprobara la elección popular de alcaldes (1986) e intentara también por primera vez un esquema gobierno-oposición (1986), aún con el agridulce sabor a mantener control bipartidista del gobierno y de la oposición.

La Constitución Política de 1991 avanzó dándole centralidad a la participación política como fundamento de nuestra democracia e institucionalizando los partidos y movimientos políticos. Estableció un nuevo poder electoral para garantizar la independencia y efectividad de este esquema institucional. Los años 90 se caracterizaron por la “explosión” de partidos, se llegó a contar más de 70.

Sin embargo, pareciera que desde finales de la primera década del siglo XXI se estrechó el sistema con la imposición del umbral -3% de total de votos válidos- y lograr representación en el Congreso como requisito cada vez más exigente para obtener la personería jurídica. Actualmente hay reconocidos 15 partidos y 2 movimientos políticos.

Además, llama la atención -y es buena noticia- que una parte del reconocimiento de las personerías jurídicas ha tenido que ser ordenada por vía judicial, como los casos de la Unión Patriótica (2013) y Colombia Humana (2021), Así como la del Nuevo Liberalismo (2021). Situación que denota un grave problema en el esquema institucional del poder electoral -CNE- que está afectando el cumplimiento del propósito constitucional de propiciar la participación y apertura políticas, y garantías a la oposición.

De otro lado, también han surgido nuevos partidos como el Polo Democrático Alternativo (2005), Alianza Verde (2011), Comunes del Acuerdo de Paz con las Farc (2017), y Dignidad (2021) por escisión del Polo Democrático Alternativo. Y de las divisiones del bipartidismo tradicional surgieron Cambio Radical (1998), Partido de la U (2005) y Centro Democrático (2014), entre otros.

Así, la demanda por terceros partidos alternativos al bipartidismo es una de nuestras particularidades. Lo cual expresa una convicción democrática que debe ser resaltada como fortaleza para la construcción de una paz duradera. Pese a que una parte del establecimiento ha sido renuente a la apertura política, sobre todo para incluir a la amplia franja de la izquierda. La cual, paradójicamente, ha estado la mayor parte de nuestra vida republicana en la marginalidad del sistema, con algunas excepciones relativamente recientes.

A pesar de los avances, la confianza en los partidos hoy está en su nivel más crítico, lo cual demanda urgente compromiso por restablecerla, pues la apertura democrática debe continuar.

@Fer_GuzmanR