Asignatura pendiente
En nuestro concepto, en tratándose de ordenamiento territorial, hay una gran imbricación entre los aspectos del territorio propiamente dicho, el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. De allí que sea tan pobre el abordaje del tema por parte del Gobierno, que tiene una visión recortada y reduccionista de las regiones al limitar el concepto a lo meramente territorial. De allí que, no obstante que la Constitución reconoce que Colombia es un país de regiones, el Gobierno se contenta con hacer referencia sólo a “porciones” del territorio en vez de hablar de regiones, que son mucho más que eso. Se cae en tecnicismos estériles al definirlas en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos como “zonas homogéneas en su condición de desarrollo endógeno, que en lugar de cohesionarlas las fragmenta.
El Gobierno y el Congreso de la República malograron la oportunidad de desarrollar los preceptos constitucionales atinentes al ordenamiento territorial, al expedir una Ley orgánica de Ordenamiento Territorial que se quedó en los enunciados de la propia Constitución sin avanzar en su desarrollo, como era de esperarse.
Del ambicioso proyecto de LOOT al que aspiraba el país quedó poco, pues fue reducido a su mínima expresión. El fallo de la Corte Constitucional de la demanda de inexequibilidad es muy diciente al respecto, al manifestar claramente que en el trámite de la LOOT se presentó un caso de “omisión legislativa absoluta”, razón que esgrimió para declararse inhibida por no existir texto susceptible de analizar. Además, exhortó al Congreso de la República para que regule lo relativo a las RET y este ha hecho caso omiso de este llamado. Esta es una asignatura que ha quedado pendiente.
De los 40 artículos de los cuales consta la Ley 1454 de 2011, 20 ya están contenidos en otras leyes, por lo cual esta otra resultaría inútil e inoficiosa. Para que la nación le pueda delegar funciones a los entes territoriales y para que estos se puedan asociar no se necesita de ley alguna; con las que ya están vigentes lo pueden hacer. Como diría el poeta León de Greiff, “todo no vale nada y el resto vale menos”. Esta ley es una burla a las regiones, en especial a los 2.5 millones de ciudadanos de la región Caribe que se manifestaron en las urnas en marzo de 2010.