“Atentados contra la democracia”
El 2 de octubre de 2017, las Comisiones Primeras de Senado y Cámara protagonizaron un atropello a la democracia, aceitado una vez más desde la Casa de Nariño. Como la Corte Constitucional prohibió la votación en bloque y revivió el debate en el Congreso, y como la Unidad flaquea frente a los intereses electoreros del 2018, el Gobierno advirtió nubarrones en la aprobación de la Ley de la JEP y decidió recurrir al chantaje.
La prensa reseñó que más de 30 parlamentarios “visitaron” al Presidente antes de la votación, más no fue una visita social, sino que fueron “llamados a pullengue” como decimos en la Costa. No sé qué entiende el presidente por chantaje, pero el suyo es indiscutible: “Esto no es una amenaza. No es un chantaje, pero quien no apoye el proceso de paz no puede estar en mi gobierno”. Lo cierto es que salieron de ahí rapidito y, en un santiamén, aprobaron 102 artículos en bloque.
Sin embargo, quienes estaban por los pasillos del Congreso cuentan el bochornoso espectáculo de los parlamentarios escondiéndoseles a los ministros. Saben muy bien que hoy aprueban, pero mañana podrán ser perseguidos por esa misma justicia. Saben bien que hoy abren espacios, pero ni con mermelada y financiación estatal podrán competir en las urnas con los recursos millonarios del narcotráfico fariano.
El 2 de octubre de 2016, hace un año, se celebró el llamado mentirosamente “plebiscito por la paz”, que no era por la paz, sino para ratificar el extenso documento del Acuerdo Final con las Farc, que tampoco es garantía de paz, como ya lo estamos viendo.
Los que votamos por el No vencimos en las urnas y hoy deberíamos estar de aniversario, celebrando que, gracias a nuestro triunfo, finalmente hubo Acuerdo con las Farc, entregaron sus armas y se reincorporaron a la sociedad, pero dentro de las condiciones del Estado de Derecho al que 47 millones de colombianos estamos sometidos, y no bajo las de 8.000 terroristas que impusieron su ideología con la presión extorsiva de las armas bajo la mesa.
Con modificaciones cosméticas nos birlaron la victoria plebiscitaria y el Presidente cometió un atentado sin precedentes contra la democracia: despreció la voz del pueblo en las urnas. Aprendida la lección de su arrogante optimismo, Santos no se complicó y llevó al Congreso el nuevo Acuerdo Final, que salió ratificado del Capitolio sin demora y sin problemas, gracias a una Unidad aglutinada con generosas porciones de mermelada –léase puestos y cupos indicativos–.
Lo que vino después es conocido: el Acuerdo Legislativo 01 de 2016 -el del fast track-estaba listo desde julio para garantizar una implementación también rápida y sin modificaciones, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional, corporación que se reivindicó incluyendo talanqueras que el Gobierno, sin embargo, ha buscado neutralizar a toda costa con sus mayorías enmermeladas, aprobando a las volandas leyes sobre todo lo habido y por haber, la última de ellas, crucial para la democracia: el Proyecto de Ley de la JEP.
Hoy no estamos celebrando quienes deberíamos, sino el Gobierno y las Farc, que se salieron con la suya con un Acuerdo ratificado a espaldas del país, y de aniversario celebrarán la expedición de la JEP, gracias a que la “Categórica advertencia de Santos mejora clima de justicia para la paz”, como tituló con algo de cinismo la prensa oficial.
Nota bene. Dentro del esperpento que será la JEP de todos modos, son importantes los logros del Fiscal: garantías para las víctimas y exclusión para disidentes, reincidentes y testaferros.
@jflafaurie