“Encontramos un pueblo fantasma y varias comunidades negras desplazadas de sus territorios, durante la visita humanitaria que realizó la Defensoría del Pueblo, en la que comprobamos que 903 personas de los corregimientos de Togoromá, Pichimá Charambirá y Venado hoy se encuentran en alojamientos temporales en Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan en Chocó”.

Así lo informó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, a la llegada de la misión humanitaria encabezada por el director del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad, y que contó con el acompañamiento de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que viajó a la zona para verificar la situación real de la población que fue forzada a desplazarse por cuenta de los combates que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por el control territorial de la región.

La misión corroboró que de los 903 habitantes que han sido censados por la Personería del municipio un total de 403 son niños, niñas y jóvenes, quienes se encuentran ubicados en cinco lugares adaptados como albergues temporales, por cuenta de la administración municipal.

Para enfrentar la difícil situación de la población desplazada, el Defensor del Pueblo presentó un informe de riesgo de inminencia sobre el municipio del Litoral del San Juan y le solicitó al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, convocar y presidir un consejo de seguridad en el municipio, con presencia de la Directora Nacional de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, Paula Gaviria.

De la misma forma, Otálora Gómez le pidió al Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez,  promover las acciones de prevención y protección con enfoque étnico diferencial y convocar de manera urgente a una reunión descentralizada de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) en el municipio del Bajo Baudó, para analizar la problemática de conflicto armado en la región del Baudó y del San Juan chocoano.

Adicionalmente, instó al Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Diego Molano, para que brinde atención urgente, adecuada y diferencial a la población infantil desplazada. Por último, conminó al gobernador del Chocó, Hugo Arley Tovar, a convocar una reunión del Comité Departamental de Justicia Transicional para analizar la situación y adoptar las medidas pertinentes para la atención de las víctimas que hasta ahora solo ha provenido de la alcaldía municipal.