El fiscal General Néstor Humberto Martínez manifestó que “el proyecto terminaba rebajando las penas para los dueños del capital del narcotráfico y eso es totalmente equivocado”.

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El choque entre el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y el presidente Juan Manuel Santos crece cada vez más por el proyecto que beneficiaría a los cocaleros. Sin embargo, el jefe del ente investigador, dentro de sus cuestionamientos, dijo que las discusiones sobre tratamiento penal diferenciado se resolverán en el Congreso.

En este mismo sentido, Martínez Neira se mostró complacido por los resultados de la reunión que sostuvo en Santa Marta con el presidente Santos en la que acordaron cambios al proyecto que despenaliza a los pequeños productores de cultivos ilícitos. “(La reunión) fue muy productiva porque nos permitió  mostrarle al señor Presidente que el proyecto generaba una compuerta a la impunidad en relación con los cultivos ilícitos”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto no solo beneficiaba a los actuales pequeños cultivadores, sino también a todos aquellos que  están pagando condenas por estos hechos. “El proyecto terminaba rebajando las penas para los dueños del capital del narcotráfico y eso es totalmente equivocado. Beneficia igualmente a los narcocultivadores que no suscriban acuerdos de sustitución”, dijo.

“Le hemos dicho al Gobierno una, dos y 10.000 veces, que acompañamos el tratamiento penal diferencial, pero no acompañemos la impunidad frente a los grandes narcotraficantes”, dijo el Fiscal para tratar de zanjar las discusiones sobre el proyecto que presentó el Ministerio de Justicia.

“Estamos protegiendo una política de reinserción, es así para los pequeños cultivadores a través de programas de sustitución que merecen una alternatividad penal que comparte la Fiscalía, pero no es de lo que trata el artículo sexto”, señaló el Fiscal.

Beneficios

Ese artículo, en el proyecto del Ministerio de Justicia, según Martínez, le otorga beneficios a todos los cultivadores, incluso industriales y hasta financiadores del narcotráfico condenados.

“Porque esa modificación que tiene efectos hacia delante, debilita la política criminal contra los narcocultivos, pero no contra los campesinos, lo debilita contra los cultivadores industriales, que tendría rebaja de penas”.

El Fiscal aseguró que al final todas las discusiones sobre este proyecto se tendrán que debatir y resolver en un escenario democrático, según él, en el Congreso.

Reiteró sus críticas al proyecto que plantea un tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores que radicó el Gobierno en el Congreso de la República, haciendo énfasis en que permitir cultivos en un margen de 18 metros cuadrados puede beneficiar a los grandes cultivadores.

Los riesgos

“El riesgo que existe es que los grandes industriales que son tan hábiles, o sea, los narcotraficantes duros, apelen a ese mecanismo de la legalización de cultivos en pequeña escala, y los multipliquen de manera masiva en lo que yo llamo una modalidad de 'pitufeo' con lo cual harían grandes extensiones”, dijo.

Señaló  que los cultivadores industriales podrían obtener rebajas desde hasta el “81%”, y se propone que no haya medida de aseguramiento intramural sino domiciliaria, y para los financiadores se les podría reducir penas de 18 a 10 años. “Es un mensaje absolutamente equivocado”, dijo.

El Fiscal insistió en que habló con el presidente Santos sobre el tema y que le anticipó que "se deben hacer las rectificaciones que sean necesarias".

¿Malinterpretaciones?

Entre tanto el presidente Santos expresó que el Fiscal tiene mala información o interpretación sobre proyecto para pequeños cocaleros. El Jefe del Estado advierte que si la iniciativa no es aprobada, tendrían que ir a la cárcel 400.000 personas

De acuerdo con el Mandatario, el Fiscal está malinterpretando la ley, ya que no se va a beneficiar a los grandes cultivadores de coca, como lo asegura Martínez, y manifestó que el Gobierno está a disposición de explicarle todo el proyecto.

“Yo estoy seguro de que si se sientan los funcionarios del Gobierno con el Fiscal le explican que el alcance del proyecto es ese, estoy seguro que las objeciones, que no tienen asidero, pueden ser resueltas”, dijo.

Además Santos advirtió que en caso de que ese proyecto no sea aprobado más de 100 mil familias tendrían que ir a la cárcel.

“Si este proyecto no se aprueba vamos a tener que meter a la cárcel a cerca de 400 mil personas, más de 100 mil familias”, sostuvo Santos.

De hecho, el Mandatario dijo que el Gobierno suscribió acuerdos para la sustitución de cultivos con más de 118 mil familias que ya aceptaron que estaban en la ilegalidad, por lo que este proyecto va destinado para que esas personas no sean judicializadas.

El Congreso

Durante el trámite de esta iniciativa, algunos congresistas propondrán ajustes para evitar que las ayudas entregadas a los campesinos no se conviertan en una oportunidad para permanecer en la ilegalidad.

El senador Roy Barreras dijo que “el proyecto no puede significar un incentivo perverso para que permanezcan en el delito, la redacción debe ser muy cuidadosa y la voz del Fiscal debe ser atendida en la medida en que podrá encontrarse una redacción que deje claro y tranquilo el camino para los campesinos”.

El senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, dijo que la ley necesita ajustes y se debería pensar en retirarla para trabajarla desde el mes de marzo más tranquilamente. 

“Las críticas del Fiscal son válidas, que son el sentir de la sociedad en general, que el Gobierno se ha equivocado en la política antidrogas, este no es el momento de enviar un mensaje equivocado, tenemos que buscar alternativas, pero el peor escenario es el de despenalizar, facilitar, promover e incentivar el cultivo de droga”, indicó.

“Debería tramitarse por el sistema ordinario en marzo, no es el momento para adelantar este tipo de iniciativas”, manifestó.

El senador Juan Manuel Galán dijo que se debe defender a los campesinos cultivadores que son el eslabón débil de la cadena.

“Entiendo la preocupación del Fiscal como válida, que hay que tener en cuenta para debatir y discutir, pero nunca apuntando a criminalizar a los campesinos cultivadores”, indicó.

El proyecto de ley radicado por el Ministro de Justicia comenzará a ser discutido en el Congreso en los próximos días.

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