La acción judicial interpuesta por el ex ministro de Agricultura, investigado por el escándalo de AIS, asciende a los $530 millones por daños y prejuicios.

El Consejo de Estado tendrá que resolver la demanda interpuesta por Andrés Felipe Arias, luego de que fracasara la conciliación del ex ministro con la Procuraduría General que buscaba una indemnización por daños emocionales, tanto a Arias como a su familia que sufrieron por la sanción disciplinaria que interpuso el Ministerio Público al destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 16 años.

El documento señala que “el procurador, Alejandro Ordóñez lo privó de sus derechos para ejercer una debida defensa material, y le impidió controvertir el material probatorio, acomodando de estas las evidencias a una tesis de culpabilidad, y que incluso afectó su dignidad humana”.