Seis días después de que el general (r) Mauricio Santoyo admitiera ante las autoridades estadounidenses que es culpable de complicidad con grupos paramilitares, nadie en Colombia ha querido asumir su parte de responsabilidad en el hecho de que una infiltración criminal hubiera llegado hasta lo más alto del Gobierno, nada menos y nada más que a la jefatura de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe.

Al cierre de la semana hay tres circunstancias en claro. En primer lugar, que si bien Santoyo firmó un acuerdo con la Fiscalía y el juez de Alexandria (Virginia, este), que llevaría a que la condena que le será impuesta el próximo 30 de septiembre oscile entre 10 (mínimo) y (máximo) 15 años de prisión, la posibilidad de mantener ese acuerdo e incluso de poder acceder a más rebajas y beneficios dependerá de su capacidad para delatar toda la red de complicidad que había en la Fuerza Pública con los grupos paramilitares. En otras palabras, la caja de Pandora está por abrirse…

¿Quiénes y cuántos oficiales, ex funcionarios, funcionarios y particulares serán salpicados? No se sabe a ciencia cierta, aunque fuentes cercanas a este proceso de admisión de culpa y compromiso de colaboración con información aseguran que serían 61 las personas sobre las que Santoyo haría señalamientos. Entre ellas estarían varios altos rangos de la Policía, algunos de ellos ya retirados. Hasta se habla de tres generales, a quienes (a diferencia de Santoyo, que logró que se le retirara la acusación por este delito) EU pediría en extradición por narcotráfico más que por colaborar con las autodefensas.

Es más, el viernes pasado EL NUEVO SIGLO conoció en fuentes judiciales que algunos de los presuntos salpicados por el general (r) ya estarían buscando contactos con las autoridades estadounidenses en busca de ambientar una posible entrega y confesión, antes de que otros terminen adelantándoseles.

Igual tanto la DEA como otras agencias estadounidenses están a la espera de nuevos señalamientos que puedan hacer los cabecillas paramilitares extraditados así como reconocidos narcotraficantes que se encuentran en cárceles de ese país y se muestran dispuestos a confesar sobre el nivel de infiltración de estos grupos delincuenciales en altas esferas de la Fuerza Pública colombiana.  

Sí pero…

En segundo lugar, más allá de todas las expresiones de rechazo, condena, vergüenza e indignación que se escucharon esta semana, lo cierto es que hasta el momento nadie quiere asumir la responsabilidad directa o indirecta por el que es considerado uno de los casos de infiltración criminal en el Estado más graves de los últimos tiempos.

Todo lo contrario, lo que se generó fue un inútil cruce de acusaciones. A los señalamientos directos por no haber detectado que su jefe de seguridad era una ficha de los paramilitares, el ex presidente Álvaro Uribe respondió afirmando que nunca supo de las andanzas criminales de su custodio y, por el contrario, señaló como responsables al hoy Jefe de Estado y entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, así como al para la época director de la Policía General Óscar Naranjo.

Según Uribe, fueron ellos los que promovieron a Santoyo y lo designaron en la Casa de Nariño, y también quienes estuvieron encargados de hacer la respectiva contrainteligencia para revelar sus nexos delincuenciales.

Ahora no se sabe a ciencia cierta en quiénes de ellos tres recae la responsabilidad de haber llamado a curso de ascenso a general al entonces jefe de seguridad presidencial, pese a que éste había sido destituido por el Ministerio Público por interceptaciones telefónicas ilegales en Antioquia, fallo que luego fue tumbado por el Consejo de Estado con el argumento de un error en la notificación del fallo disciplinario, no de la inexistencia de la falta. También se lavaron las manos los congresistas, quienes, pese a las sospechas que existían sobre Santoyo por este caso de chuzadas, terminaron aprobando su polémico ascenso.

Tampoco dieron explicaciones creíbles la Fiscalía ni la Procuraduría, pues tuvieron que admitir vergonzosamente que nunca supieron de las andanzas de Santoyo sino hasta hace pocos meses cuando EU anunció el procesamiento. Es más, la petición que los dos entes hicieron a la Justicia norteamericana para que les remita las pruebas de los delitos cometidos por el general (r) no sólo son abiertamente tardías, sino que podrían ser inútiles, pues aún en los casos de los criminales más peligrosos se aplica el mandato universal de que nadie puede ser juzgado y condenado dos veces por el mismo hecho.

En ese orden de ideas, si Santoyo llegara a ser extraditado cuando cumpla su pena en EU, como pidió el presidente Santos el viernes pasado, tendría que ser juzgado por nuevos delitos. Además, aunque en el acuerdo con la Fiscalía y el juez de Virginia no hay ningún inciso que impida su eventual entrega a Colombia, son muy pocos los narcos, paras, guerrilleros y otros delincuentes que tras cumplir pena en EU son deportados o extraditados a Bogotá.

Lo más complicado que esta semana surgió en torno a Santoyo es la posibilidad de que su nombre pueda llegar a ser vinculado a la investigación sobre el asesinato de tres activistas de derechos humanos. Igual, ya desde algunas ONG se indaga si en algún momento el entonces jefe de seguridad presidencial proporcionó a los paramilitares información que le sirviera a esos grupos para evadir las tropas y los operativos, detectar informantes de las autoridades o incluso moverse con libertad por algunas zonas del país y perpetrar masacres y asesinatos selectivos.

Algunos defensores de derechos humanos recordaban esta semana que ya hay condenas a ex funcionarios del DAS por haber pasado a las autodefensas listados con los nombres de activistas y dirigentes sindicales que luego fueron asesinados.

Pero no paran allí las especulaciones. Por ejemplo, entre algunas de las víctimas de las chuzadas que perpetró el DAS para espiar a magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición ya se rumoraba esta semana si Santoyo no sería también un canal de información de los paramilitares al Gobierno para recabar datos que permitieran montar complots.

Se desmontaron

En tercer lugar, nadie asume las responsabilidades políticas directas o indirectas, mucho menos las que, por acción u omisión, dieron lugar a que Santoyo terminara en la Casa de Nariño y allí, accediendo a información de primera mano y poniendo en riesgo la seguridad nacional, fue cómplice de las autodefensas.

Tampoco hay claridad alguna frente a qué información pudo ser pasada por Santoyo a los jefes paramilitares. No hay que olvidar que como jefe de seguridad presidencial, el general (r) tenía acceso a datos privilegiados sobre operativos, movimientos de tropas, gestiones gubernamentales de alta complejidad…

Igual al ser el alto oficial un contacto de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, debería establecerse si en algún momento pudo informar a la cúpula paramilitar de lo que debatían el Presidente, sus ministros y el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre cómo avanzaba el proceso de desmovilización y cuáles serían las posturas que el Ejecutivo llevaría a la mesa de negociación que se ubicó en la zona de Ralito, en Córdoba.

Uribe, que reiteró una y otra vez que en su gobierno se “desmontó” el paramilitarismo, terminó pidiendo a la Justicia de EU que lo investigue y retó a Santoyo a que se atreva a señalar si hubo algún tipo de complicidad en el Ejecutivo con sus actuaciones. De paso, el parlamentario Iván Cepeda requirió a la desprestigiada Comisión de Investigación de Acusación de la Cámara de Representantes que abra una pesquisa preliminar al ex mandatario. En perspectiva, la posibilidad de que alguna de estas dos causas progrese es muy remota.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron sendas investigaciones para develar a los cómplices del procesado y ya varios bienes de Santoyo en nuestro país están siendo investigados para entrar en proceso de extinción de dominio. Sin embargo, es claro que el general (r) habría tenido tiempo suficiente para esconder sus muchos de sus bienes de origen ilícito, pues no se puede olvidar que aceptó ante las autoridades de Estados Unidos que fue sobornado por los paramilitares.

A su turno, mientras el ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que harán más drásticos los filtros para aprobar los ascensos de uniformados, y en la Comisión II del Senado congelaron estos trámites, no sólo porque es evidente que esa célula congresional cumple apenas una función notarial, sino porque ya se radicaron reformas a la Ley Quinta para cambiar esta situación. Hasta de pruebas de polígrafo se terminó hablando…

¿Contra-inteligencia?

Y menos aún hay explicaciones satisfactorias sobre la alta vulnerabilidad de las instituciones colombianas, sobre todo en materia de contrainteligencia, pues Santoyo duró varios años como cómplice de las autodefensas y en ningún momento los filtros internos que tiene la Policía o el mismo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –que en ese entonces estaba encargado de la custodia personal del Jefe de Estado- fueron capaces de detectar semejante grado de infiltración.

No se puede dejar de lado que Santoyo dijo que estaba dispuesto a revelar a todos sus cómplices, lo que indica que al interior de la Policía puede haber una red de nexos con los paras, y a hoy no se sabe a ciencia cierta en qué cargos pueden estar esos oficiales, si es que todavía siguen en el servicio activo.

Paradójicamente en las altas esferas de los organismos de seguridad colombianos se dice en voz baja que si bien es cierto que a ellos se les pasó por encima que el jefe de la seguridad presidencial fuera un nexo de los paramilitares, a la DEA y otras agencias estadounidenses también les ocurrió lo mismo, ya que mientras Santoyo estuvo en servicio activo (se retiró en 2009) nunca dieron una alerta temprana sobre posibles sospechas de su proceder, y sólo ahora, en 2012, es que lograron conformar una investigación sólida para procesarlo penalmente.

Sin embargo, por encima de todo ello lo único patente es que, al final de cuentas, todos, el ex presidente, el Presidente, el Ministro, la cúpula policial, la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de Estado y el Congreso terminaron haciendo lo mismo sobre su cuota de responsabilidad en el caso Santoyo: lavándose las manos…