Un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento, de detención domiciliaria,  contra cinco funcionarios del Instituto y un particular.

La decisión judicial fue adoptada luego que el INCODER denunciara ante la Fiscalía irregularidades en varios expedientes de titulación de baldíos en Antioquia. 

Los funcionarios cobijados con la decisión judicial son José Miguel Osorio Ruiz, Marcela Orrego Valencia, Conrado Augusto Caro, Hilda Esther Contreras Lagares y Elkin Emilio Tabares y la ciudadana Doris Amparo Peña Restrepo, a quienes la Unidad Nacional Anticorrupción les imputó cargos por peculado, prevaricato y falsedad.

Tal como lo reseñó la Fiscalía General de la Nación, “la investigación se inició por denuncia del propio INCODER y en ella se pusieron en conocimiento una serie de irregularidades en varios expedientes de titulación de baldíos, tramitados por la territorial de Antioquia durante los años 2007 a 2011 que involucraba a particulares solicitantes, funcionarios y contratistas del INCODER”.

La investigación de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía se centró en cuatro conductas recurrentes en la adjudicación de 1500 predios baldíos en la territorial de INCODER de Antioquia, tales como: titulación ilegal de tierras de la Nación a favor de personas que ostentan múltiples  propiedades; titulación ilegal de tierras de la Nación a favor de personas millonarias; titulación ilegal de extensiones de tierra que sobrepasan los límites máximos permitidos por la ley 160 del 1994 y artificios engañosos de particulares para obtener titulación de baldíos de forma ilegal.

La Unidad Anticorrupción estableció que los particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento que eran campesinos, que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio y que poseían los bienes baldíos como mínimo cinco años anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley.

Sin embargo, la investigación demostró que en algunos casos los adjudicatarios son personas con un capital superior a los 4000 millones de pesos, que están obligados a declarar renta y que su posesión no asciende a tres años de ocupación y explotación.

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juez de garantías de Medellín ordenó la suspensión de las resoluciones de adjudicación y dejó los predios bajo custodia del INCODER de manera provisional, mientras termina el proceso.