La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde municipal de Garzón (Huila), Delio González Carvajal, a la personera municipal y al tesorero de la Alcaldía, así como a siete funcionarios y particulares más por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El monto de las irregularidades supera 1.630 millones en contratos referidos a retroexcavadora (214 millones de pesos), combustible (178 millones de pesos), repuestos para maquinaria (327 millones de pesos) y reparación de acueductos (911  millones 307.000 pesos para acueductos).

El problema surgió en el 2012 cuando el municipio de Garzón resultó afectado por una oleada invernal y debió declararse la urgencia manifiesta. En ese contexto, la administración local decretó la urgencia manifiesta, hecho que fue usado para realizar las irregularidades que tienen a estas personas en problemas con las autoridades.

La investigación arranca con denuncias formuladas por algunos concejales sobre las presuntas irregularidades de González Carvajal a raíz de los decretos 042 del 25 de enero del 2012 y 125 del 17 de abril del mismo año.

La determinación judicial vincula también a Moisés Arturo Murcia Franco, ex director administrativo de Planeación de la Alcaldía; Elka Tatiana Bohórquez, ex asesora jurídica de la administración; Luisfer Cerón Velasco, tesorero municipal; Sandra Natalia Fajardo Santofimio, personera municipal; Hernán Jaramillo Moreno, esposo de Fajardo, y los contratistas Camilo Andrés Jiménez García, Hamilton Lugo Maldonado, Saúl Clavijo Ortiz, Óscar Mauricio Ramírez Valderrama y Harley Rojas Falla.

Al alcalde y a Bohórquez los capturaron en Neiva. Las demás detenciones ocurrieron en Garzón.