Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) mostraron este viernes desacuerdos sobre el futuro del guardián de los derechos humanos regional, la Comisión Interamericana (CIDH), que ha alertado contra posibles daños a su accionar.

La Asamblea General Extraordinaria, que comenzó a las 12H00 locales (16H00 GMT) una hora más tarde de lo previsto por negociaciones de último minuto, intenta cerrar un arduo proceso de reformas de la CIDH que se ha prolongado casi dos años.

Las divisiones quedaron evidentes desde el mismo inicio de la reunión: el presidente de la Asamblea, el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, anunció que en paralelo al debate principal un grupo de trabajo intentará acercar posiciones entre un proyecto de resolución que se negoció en días pasados y uno nuevo presentado este mismo viernes por Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Estos cuatro países dejaron claro que aún quedan "distorsiones" que corregir en la CIDH, por lo que en su proyecto de resolución piden que la OEA "continúe el diálogo sobre el funcionamiento" de la misma hasta la asamblea anual de junio en Guatemala, según el texto al que tuvo acceso AFP.

"Cerrar la discusión ahora, después de que evidentemente no hemos podido tratar y resolver los principales problemas que vive el sistema, nos dejaría a muchos países fuera" de un consenso, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, uno de los diez cancilleres presentes en la cita.

Un grupo de países, encabezado por Estados Unidos y Canadá, pide que el proceso culmine este viernes, lo que también piden numerosas organizaciones no gubernamentales, que en la jornada reiteraron sus críticas al proceso, al que acusan de ser un intento velado de recortar las atribuciones e independencia de la CIDH.

En su intervención, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llamó a "cerrar este debate con un apoyo efectivo" a la CIDH, al tiempo que pidió "mantener a toda costa" su autonomía.

Los comisionados de la CIDH son "autónomos en sus funciones", pero no son "independientes para decidir sus funciones", lo cual corresponde a la OEA, replicó Patiño.

La Comisión presentó esta semana su propio plan de reformas, con el cual asegura haber contestado a "todas y cada una" de las recomendaciones que le ha hecho la OEA, como más claridad en el otorgamiento de medidas cautelares o la ampliación de un polémico capítulo de su informe anual que hasta ahora era una especie de "lista negra", que ha incluido a Venezuela, Cuba y Colombia.

Pero Ecuador y sus aliados insisten en reivindicar las propuestas emanadas de una conferencia organizada en Ecuador hace dos semanas, y que entre otras cosas pedían mover la sede de la CIDH fuera de Washington, prohibir su financiación fuera de la región y dar las mismas capacidades a todas las relatorías del ente, lo que equivaldría a debilitar la Relatoría sobre Libertad de Expresión.

Esos países presentaron un proyecto alterno de resolución, ya que el que había sido negociado en los últimos días se limitaba a comprometerse al "pleno financiamiento" de su sistema de derechos humanos, y hasta que eso suceda permite fondos externos, y supeditaba el fortalecimiento de las relatorías a "un financiamiento adecuado".

El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, alertó el jueves contra un "estrangulamiento" financiero si se le impide buscar donantes extrarregionales, al tiempo que volvió a insistir en que los fondos que le otorga anualmente la OEA son insuficientes.

La OEA, con 34 miembros activos, financia la mitad de su presupuesto de 9,5 millones de dólares, mientras que el resto proviene de cooperación internacional, pero la Relatoría sobre Libertad de Expresión se mantiene exclusivamente con donaciones.

Durante la reunión, varios países defendieron con vigor a la CIDH, que tiene más de medio siglo de existencia.

La Comisión "no ha fallado sino que ha cumplido" a las víctimas y ha "fortalecido la democracia", dijo el canciller guatemalteco, Fernando Carrera.

Para mostrar su desacuerdo con el sistema interamericano de derechos humanos, Bolivia amenazó días atrás con retirarse de la CIDH, mientras que Venezuela ya denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que supone que a partir de septiembre no reconocerá la jurisdicción de la Corte Interamericana.

Para abandonar la CIDH, un país debe salirse de la OEA.

AFP.