Megaobra con más dudas que certezas, más temores que confianza, menos claridad sobre el bienestar colectivo y bajo la presumible tutela de un poder inédito en la región

Por Juan Carlos Eastman Arango *

EN  medio de las noticias y de la controversia política desatada por el anuncio de la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba de reanudar relaciones, otro hecho histórico comenzó a tejer el futuro del hemisferio americano y la suerte de un país en particular: la “inauguración de las obras” del ambicioso proyecto de construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua.

Su cobertura noticiosa en el exterior fue compartida por el registro de la respuesta oficial a las protestas campesinas organizadas en el sur del país, especialmente en aquellos sectores que sentirán mayormente el impacto social del proyecto. Desde octubre pasado, las marchas de protesta en su contra han venido aumentando; días previos a la ceremonia oficial, las caravanas de campesinos provenientes del sur del país llegaron a la capital, Managua, acompañados de declaraciones y amenazas contra la convivencia nacional.

El malestar de diferentes sectores de la vida nacional gira alrededor de tres temas: el silencio sobre las fuentes de la multimillonaria inversión, la insistencia en no evaluar el impacto ambiental de la obra y el más sensible, social y territorialmente hablando, las expropiaciones requeridas a miles de familias nicaragüenses.

La “inauguración”

Las informaciones provenientes del país centroamericano durante las últimas semanas de 2014, mostraron las dos caras de una problemática advertida desde junio de 2013, cuando el gobierno nicaragüense anunció que una improvisada y desconocida empresa china, con base en Hong Kong, la HKND (Hong Kong Nicaragua Development Investment), había sido escogida para construir el Canal de Nicaragua.

Por un lado, encontramos un gobierno que ha invertido su capital político en las expectativas y oportunidades que la realización de la obra dejaría para el país, desde su punto de vista; por otro, se moviliza y protesta una parte de la sociedad, especialmente aquellas comunidades que se verán afectadas, de forma directa e irreversible, por el impacto de la obra en sus vidas.

Al tiempo que el presidente Ortega y el empresario chino Wang Jing “inauguraban las obras” con dos ceremonias celebradas el 22 de diciembre pasado (una en la tarde, a cargo del empresario, en la provincia sureña de Rivas, y otra en la noche, a cargo del presidente Ortega, en La Casa de los Pueblos), los ciudadanos afectados se movilizaban en el sur del país, creando los primeros problemas serios de orden público relacionados con la ejecución del megaproyecto, algo que, al parecer, convertirán las protestas políticas y sociales en algo más frecuente que lo deseado por las autoridades.

Ya en octubre anterior, las marchas campesinas se habían organizado coreando el grito de ¡Fuera chinos de Nicaragua! La provocación principal estuvo en las visitas de chinos acompañados por el ejército, recogiendo nombres, números de identificación y firmas, sin explicación, y que muchos de los afectados asociaban con la entrega de derechos y tradiciones sobre las tierras que serán expropiadas por la Corporación y el gobierno de Managua. Incluso campesinos simpatizantes del sandinismo, rechazaron el procedimiento.

Quizás el gobierno subestimó el malestar de los ciudadanos. Quizás su desconexión de las bases sociales rurales y la división política y partidista que sigue marcando el devenir del país, impidieron que transmitiera confianza y credibilidad sobre su compromiso con dichas poblaciones.

Quizás el nuevo imaginario del desarrollo y del progreso centrado en el eventual dinamismo económico de la megaobra interoceánica, fue considerado suficiente razón para descalificar las protestas y movilizaciones contra el futuro canal. En última instancia, quizás, la actitud oficialista es inherente al tipo de gobiernos populistas que, en este caso, además, cuenta con la megalomanía del presidente Ortega y de su esposa, y su uso y abuso de la historia revolucionaria de la década de 1980 para cubrirse.

En medio de las visiones políticas y económicas sobre el significado de la vía interoceánica para Nicaragua, saltaron las movilizaciones y protestas colectivas de una parte del país que se siente no solamente ajeno a esos imaginarios sino víctima de la forma como se viene materializando la globalización capitalista corporativa en sus territorios.

La cabeza visible de estas manifestaciones es el Consejo de Defensa de la Tierra y la Soberanía; también se profundizó la conocida oposición política al gobierno, desde sus raíces comunes, en cabeza del Movimiento Renovador Sandinista, que ve con simpatía las expresiones campesinas del conflicto entre Estado-Corporaciones y comunidades. Contar adicionalmente, a favor de la causa anti-canal, con las voces críticas de figuras históricas de la revolución sandinista de la década de 1980, aumenta el alud de sospechas y denuncias contra la familia Ortega-Murillo y su entorno político en el poder.

El Canal: cifras abrumadoras

El canal no será solamente una extraordinaria obra de ingeniería que unirá dos escenarios muy importantes en las conexiones globales Este-Oeste y en las propias interamericanas; de hecho se convertirá en una de las obras más determinantes en medio del Proyecto Mesoamérica. De las seis  rutas estudiadas, aprobaron la denominada “Ruta 4” que inicia en Puerto Brito en el Pacífico, cruza el Gran Lago al sur de la isla de Ometepe, y termina, a través de la región norte-central del Parque Nacional, en el puerto Punta Águila, en el Caribe.

La vía nicaragüense tiene seis subproyectos: dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial (cerca de la región caribe, con 395 kms2, llamado Atlanta), una zona de libre comercio, cuatro complejos turísticos, carreteras y fábricas de acero y cemento. Las suspicacias sobre su impacto ambiental aumentaron, especialmente sobre el Gran Lago de Nicaragua, cuando los esperados informes al respecto, por parte de la Corporación china encargada del proyecto, no se entregaron en la fecha establecida, y se pospuso para marzo-abril de 2015 la divulgación de dichos estudios.

Las cifras involucradas en el desarrollo del megaproyecto no son solamente de carácter financiero, con sus 50 mil millones de dólares previstos por el gobierno en Managua, y cuyos aportantes son desconocidos aún; la inauguración permitió mostrar, a través de los informes de prensa y de las previsiones corporativas, los desafíos en otros términos, a saber: 278 kilómetros de largo, entre 520 y 230 metros de ancho, 27 a 30 metros de profundidad, seis esclusas y un lago artificial; 105 kilómetros de la obra serán a través del Gran Lago de Nicaragua.

Se cree que el tiempo de duración para su recorrido será de 30 horas, con 14 barcos diarios y cerca de 5.100 al año. Con ello, en general, se espera resolver el problema de los “atascos” en los canales existentes, cada vez más frecuentes por el aumento del tráfico marítimo comercial mundial (calculado el año 2013 en 9.125 millones de toneladas de carga), pero en especial, permitirá el paso de mercantes de última generación en tamaño y capacidad de transporte de contenedores. Entraría en funcionamiento en 2020.

Las cifras iniciales, de hecho, son las que alimentan el debate sobre su verdadero impacto económico, y sin contar con la revolución global que vendrá con la transformación de las comunicaciones marítimas a través del Ártico.

La punta del iceberg

La disolución policial de las protestas y la confrontación que siguió, ha dejado cifras controvertidas sobre detenidos, heridos e incluso muertos. Especialmente sobre esto último no ha habido confirmación independiente, a partir de las denuncias de los organizadores de las protestas. Las autoridades nicaragüenses han negado que la acción hubiera dejado víctimas; resulta grave su versión del uso de armas de fuego contra la policía por parte de algunos de los manifestantes. En el desarrollo de la reacción contra las autoridades, un grupo de éstos destruyó el cuartel de policía de El Tule, localidad epicentro de la confrontación.

Desde fuera del país, en especial desde las orillas de los aliados y simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega, se denuncia la interferencia del “imperio” y de otros “poderes globales” antirrevolucionarios, manipulando la incertidumbre social y el eventual malestar en las áreas más afectadas por las expropiaciones (que empezarían entre este mes y marzo próximo) y los desplazamientos de las comunidades involucradas (se calculan 20 mil personas afectadas). Para el gobierno, se trata de campañas manipuladas por partidos de oposición.

Al interior, desde la Academia de Ciencias de Nicaragua, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, el Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos, históricos del sandinismo como el padre Ernesto Cardenal y el escritor Sergio Ramírez, el Movimiento Renovador Sandinista con Dora María Téllez, otra figura histórica de la revolución, y el ya citado Consejo de Defensa de la Tierra y la Soberanía, la perspectiva es opuesta, plena de alarmas y denuncias contra el megaproyecto, la Corporación HKND y la sombra de la apuesta chino-rusa por el canal, y muy especialmente, contra la fracción del sandinismo que está en el poder.

A ellos se sumó recientemente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a raíz de las denuncias sobre los excesos en la represión policial de las protestas y la detención y traslado de sus dirigentes a Managua (pasados 6 días de la detención, no se había informado de su estado personal ni del contenido del proceso en su contra); este asunto en especial, sería llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como descrédito adicional para el gobierno, los familiares de los activistas pidieron la intervención del cardenal de Managua, Miguel Obando y Bravo.

Después de 30 años de esfuerzos por transformar al país, las cifras de la Cepal y Transparencia Internacional sobre las condiciones con las que enfrenta la sociedad nicaragüense el desafío chino del Gran Canal son altamente desventajosas y lamentables (58% de pobreza y 29.5% de indigencia, y puesto 133 -entre 174- en índice de percepción de la corrupción), pero inundados de dinero global destinado a la “ayuda para el desarrollo”, en medio una variada competencia entre ONGs en la capital y otras regiones del país: un retrato ingrato, irónico e inquietante de la gestión de los últimos años, a pesar de un crecimiento del 4% a 4.5% para este año 2014, según el Banco Central de este país.

Por delante, una megaobra con más dudas que certezas, más temores que confianza, menos claridad sobre el bienestar colectivo esperado y bajo la presumible tutela de un poder inédito en la región. Quizás, como van los asuntos domésticos, la familia Ortega Murillo y su gobierno no logren ver el avance de su realización, y no será por culpa del “imperio” sino por su traición a sí mismos. A los dirigentes chinos no les importará quién o quiénes cumplan los términos del contrato o proponer una eventual y “razonable” revisión de algunas de sus cláusulas.

*Historiador, Especialista en Geopolítica y analista de asuntos internacionales. Catedrático del Departamento de Historia, Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de Cesdai (Centro de Estudios en Seguridad, Defensa y Asuntos Internacionales).