En el escándalo de la compraventa de fallos en la Corte, los togados Leonidas Bustos y Gustavo Malo están en el ojo del huracán.
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Los juristas son investigados por la Comisión de Acusación de la Cámara, dada su condición de aforados constitucionales, por presuntamente hacer parte de la organización criminal que torció entre 2013 y 2015 procesos en la Corte Suprema a favor de congresistas y políticos
En la Fiscalía se han dado los mayores avances en la investigación debido al megaescándalo por la compraventa de fallos que se habría presentado en la Corte Suprema de Justicia entre los años 2013 y 2015 para favorecer a congresistas y políticos. Producto de ello en la madrugada de ayer un juez de control de garantías envió a La Picota al exmagistrado Francisco Ricaurte. Ahora el balón está en campo de la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiga a los extogados de ese alto Tribunal, Gustavo Malo y Leonidas Bustos.
Precisamente a partir de la próxima semana, empezarán a declarar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de forma individual, cada uno de los nueve magistrados que integran la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
De esta forma, la célula legislativa atendió la solicitud de una prueba en este sentido realizada por la defensa del exmagistrado Leonidas Bustos, quien pretende demostrar que su defendido no recibió dinero para frenar en la Corte Suprema de Justicia procesos ni torcer fallos a favor de congresistas.
No obstante, los representantes que fueron designados por la Comisión de Acusación para investigar a los magistrados y ex magistrados que habrían participado en este ilícito, Fabio Arroyave y Edward Rodríguez, determinaron que no se limitarán a preguntar a los juristas que integran la Sala Penal de la Corte citados para declarar si conocían sobre irregularidades en el proceder de Bustos con los procesos cuando compartió sala con ellos, sino también lo harán para el caso del magistrado Gustavo Malo.
"Tengo que informarle al país que este es un proceso que tiene multiplicidad de actores y por lo tanto hemos decidido hacer una sola cuerda del proceso e incluir aquí la investigación del doctor Malo", dijo Fabio Arroyave, presidente de la Comisión de Acusación.
Tendrán que declarar en calidad de testigos en la Comisión de Investigación y Acusación los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: Eyder Patiño Cabrera (vicepresidente), Luis Guillermo Salazar Otero, Fernando Alberto Castro Caballero, Luis Antonio Hernández Barbosa, Patricia Salazar Cuéllar, José Francisco Acuña Vizcaya, José Luis Barceló Camacho y Eugenio Fernández Carlier.
El magistrado Malo también integra la Sala Penal de la Corte, pero por obvias razones no fue llamado a declarar como testigo en la Comisión de Acusación.
Desde el pasado 18 de agosto, esta célula legislativa abrió indagación por estos hechos a los ex magistrados Bustos y Ricaurte, después de que la Corte Suprema de Justicia le compulsara copias, teniendo en cuenta que la competencia penal en el caso de los juristas de las altas Cortes está en cabeza del Congreso por tratarse de aforados constitucionales.
En tanto que el jueves de la semana anterior, la Comisión de Acusación abrió investigación al magistrado Gustavo Malo, después de que en igual forma la Corte Suprema compulsara copias.
Producto de ello, dicha célula legislativa ha decretado una serie de pruebas en la investigación a los ex magistrados Bustos y Ricaurte, como es la citación a declarar al detenido exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Moreno, quien según el ente investigador junto con su socio, el también abogado Leonardo Pinilla, y magistrados y exmagistrados hacían parte de la organización criminal que se dedicaba a torcer procesos en la Corte.
No obstante, Moreno no acudió a la citación porque estaba pendiente de acordar con la Fiscalía un acuerdo de oportunidad que le reportaría beneficios penales a cambio de la entrega de información de su parte.
Empero, Moreno ya llegó a un preacuerdo en este sentido con las autoridades, lo que hizo posible que en días pasados declarara en la Corte Suprema, en donde salpicó al extogado Ricaurte por los $2 mil millones que el senador Musa Besaile aseguró pagó para frenar una orden de captura en su contra.
Como consecuencia se espera que la próxima semana, la Comisión de Acusación vuelva a citar al abogado Moreno para que declare en las investigaciones que adelanta al magistrado Malo y al exmagistrado Bustos.
También se espera que en los próximos días, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara cite a declarar por este escándalo de corrupción al magistrado Malo y al exmagistrado Bustos.
En tanto que en días pasados el senador Besaile declaró en la Comisión de Acusación en este caso, tras dejar de asistir de forma consecutiva a dos citaciones. El parlamentario de La U ratificó lo que ya había dicho en la Corte, en el sentido que según él, Moreno le pidió $6 mil millones para frenar una orden de captura, de los cuales terminó pagando $2 mil millones.
Aseguró Besaile que es una víctima porque según el Parlamentario fue extorsionado por Moreno, de quien dijo “él (Moreno) me abordó en nombre del que decía que era su padre. Él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento”.
Solicitud de Corte
La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que por este escándalo abrió indagación a los senadores Álvaro Ashton, Hernán Andrade y al exsenador Luis Alfredo Ramos, así como escuchó en versión libre al senador Besaile, pidió ayer a la Fiscalía que recluya al exfiscal Gustavo Moreno en una guarnición militar.
"Aclaramos que la petición no está asociada a ningún tipo de persecución política en contra del pedido en extradición de Moreno Rivera, sino solo a la necesidad de sustraerlo de los lugares donde ha permanecido recluido. En estos, según expresó el detenido, no se siente seguro y la Corte ha juzgado razonables los motivos que verbalmente comunicó", dice la misiva de la Corte.
Moreno estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, pero fue trasladado al Búnker de la Fiscalía desde hace una semana cuando decidió tramitar una colaboración con la justicia.
El alto tribunal señala que la finalidad del traslado es que Moreno "cuente con la tranquilidad de ánimo suficiente para seguir declarando conforme a su compromiso". Y que con ello pueda seguir contribuyendo con éxito a los procesos de corrupción que se presentaron en los últimos años en la sala de casación penal.
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