Buscan restablecer conflicto de intereses | El Nuevo Siglo
Martes, 28 de Agosto de 2012

Restablecer la prohibición de votar proyectos de ley en los que los congresistas se vean envueltos en conflictos de intereses, so pena de perder la investidura, es el propósito de tres proyectos de reforma constitucional.

 

De esa terna, el más avanzado es el que podría comenzar a debatirse hoy en la Comisión Primera de la Cámara, donde se encuentra agendado como quinto punto del orden del día.

 

Se trata del proyecto de acto legislativo número 018 de 2012 Cámara, “por el cual se reforman los artículos 182 y 183 de la Constitución Política en relación con el conflicto de intereses”, radicado el 20 de julio por los representantes Alfonso Prada, Ángela Robledo y Carlos Andrés Amaya, del Partido Verde; Germán Varón, de Cambio Radical; Guillermo Rivera y Jack Housni Jaller, del Partido Liberal; y Alfredo Deluque, del

Partido Social de Unidad Nacional (La U); así como por los senadores Gilma Jiménez, Jorge Londoño, John Sudarsky y Félix Valera, del Partido Verde, y Gabriel Zapata, del Partido Conservador.

 

La iniciativa, que tiene ponencia favorable, restablece la obligación de que los congresistas pongan en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

 

Los hechos que configuren una causal de conflicto de intereses deben ser previos al inicio del trámite de aprobación del Proyecto de acto legislativo o de ley y no habrá lugar a conflicto o recusación por causales sobrevinientes.

Cuando exista conflicto de intereses en el debate y votación de proyectos de acto legislativo, para todos los efectos de conformación de quórum y toma de decisiones se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación, excluidos aquellos que tuvieren conflicto de interés aceptado en relación con un asunto determinado.

 

“Básicamente es un proyecto de acto legislativo que hemos radicado en compañía de varios colegas, toda la bancada del Partido Verde y colegas del Partido Liberal, Cambio Radical y La U. Esto lo que deroga es el acto legislativo 01 del 2011 que autorizó que congresistas con conflictos de intereses pudieran votar”, le explicó Prada a EL NUEVO SIGLO.

 

El representante Prada aseguró que eso fue lo que ocurrió precisamente en la reforma a la justicia: que se permitió que congresistas participaran en la votación y luego aprobación del acto legislativo.

El representante Rivera destacó la iniciativa y dijo que se debe volver a la prohibición de que los senadores y representantes voten cuando tengan intereses en los proyectos de ley. “Lo que buscamos es que se elimine la reforma que se hizo en el 2011, que a su vez eliminó el conflicto de intereses de los actos legislativos y el propósito es restablecerlo”, precisó.

 

Amaya, vicepresidente de la Cámara, declaró que “lo que queremos es volver a lo que estaba en la Constitución en su espíritu inicial, es decir que exista conflicto de intereses para votar los actos legislativos”.

A pesar de que apenas entra en la Comisión Primera ya tiene un buen ambiente, pues los legisladores consideran que se debe evitar a toda costa que vuelva a suceder lo que paso con en la reforma a la Justicia.

Para Amaya es ilógico que se piense que congresistas que están investigados, puedan votar, por ejemplo, una reforma a la justicia. “Eso no puede volver a pasar”, anotó.

El senador Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, aseguró que en el Congreso no puede volver a pasar que a los legisladores se les permita votar teniendo conflictos de intereses.

“El Congreso debería aprobarlos aunque sea en primera vuelta, antes de que el fallo de la demanda en contra del acto legislativo salga de la Corte. Los congresistas no pueden confundir sus intereses con los del Estado”, expresó el senador Cuellar.

 

El congresista recordó además que la obligación de los legisladores es defender los intereses superiores del Estado y de la sociedad.