Más Familias en Acción “es un proyecto a través del cual nos integramos todas las áreas del Departamento para la Prosperidad Social”, dijo.

 

Las inscripciones de Más Familias en Acción comienzan pasado mañana en 202 municipios y 24 departamentos, y se irá extendiendo mes a mes hasta completar, en enero de 2013 los 1.102 municipios.

“El cambio es un cambio fundamental. Lo primero es que se vuelve un derecho. La capacidad de una definición subjetiva de quien o quien no entra en Familias en Acción se acabó”, le explicó aEL NUEVO SIGLO Bruce MacMaster, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

“Entonces, se acabó la utilización electoral del programa. Se acabó la utilización a conveniencia del programa por parte de los mandatarios locales”, aseguró el economista cartagenero, experto en temas de Responsabilidad Social.

 

Familias

 

MacMaster es considerado uno de los funcionarios del Gobierno más poderosos, dado que el presidente Juan Manuel Santos le encomendó una tarea clave de su programa de Prosperidad Democrática: aterrizar en programas concretos el apoyo real a los más débiles: damnificados, víctimas del conflicto y población en pobreza extrema; y en medio de los tres escenarios, que no pocas veces se mezclan, los niños.

Para llevar a cabo semejante tarea Santos le dio a MacMaster las riendas de un verdadero y billonario superministerio.

Uno de los grandes logros fue convertir Familias en Acción en una política de Estado.

Con absoluta convicción, MacMaster sostuvo que con ese cambio, que se cristaliza en las inscripciones que comienzan el martes, “se acabaron los baches, porque el programa ya no se acabará cada tres o cuatro años, sino que ahora es un programa que simplemente existe porque la ley así lo indica”.

 

Columna vertebral

 

Este Diario conversó con él en medio de una reunión virtual con los 34 directores regionales del DPS, con los que por hora y media dialogó, recordándoles que “este es el proyecto estructura, columna vertebral, de DPS” y que “es un proyecto a través del cual nos integramos todas las áreas del Departamento para la Prosperidad Social”.

“Se parece más a un programa de salud o un programa de educación, que es parte de la oferta social más importante que tiene el Estado en este momento a disposición de los colombianos”, anotó.

Sobre el proceso de inscripción masivo que comienza el martes, MacMaster precisó que “el programa va atener la posibilidad de inscripciones casi que en todo momento. Cuando una familia cumpla con los requisitos que se han establecido y están en el programa y, por ejemplo, les nazca un bebé, tendrán derecho a inscribir a ese niño tan pronto les sea posible, casi que en cualquier momento, a diferencia de los programas anteriores en donde hablábamos de inscripciones cada dos, cada tres, cada cuatro años”.

 

Complemento

 

Sobre las críticas de que el Gobierno está aplicando un modelo asistencialista, MacMaster sostuvo que “el programa está definido como un complemento del ingreso” y que la experiencia empírica muestra que las familias beneficiadas están lejos de depender exclusivamente de los recursos y que el papel de esos recursos es más bien el pretexto para lograr un acompañamiento que provea las condiciones para que esos colombianos superen la pobreza.

Como ejemplo, MacMaster le manifestó a este Diario que “las madres en Colombia son tremendamente responsables” y que “utilizan la plata en lo que es: mandan los niños al colegio, llevan los niños a los controles de talla y peso”.

Para él, “la fuerza que tienen las madres en Colombia tenemos que hacerla parte del desarrollo de nuestra sociedad”.

 

Incentivos

 

De acuerdo con la información de la DPS, Más Familias en Acción es un programa que entrega incentivos condicionados a las familias más necesitadas con hijos menores de 18 años.

Esta tercera fase, que se denominó Más Familias en Acción, aumentó el número de beneficiarios de 2,1 a 2,6 millones, incrementó el incentivo monetario y está diseñando una estrategia con incentivos para familias vulnerables que tienen miembros con discapacidad, prevención de embarazo de adolescentes y trabajo de menores especialmente en minas.

Este programa, ahora Ley de la República desde el pasado mes de junio, implementó como instrumento de identificación de beneficiarios a familias vinculadas a la Red UNIDOS, hogares en situación de desplazamiento y madres del Sisbén metodología III con base en puntos de corte.

 

Jóvenes en Acción

 

“En la lógica de inscripción tenemos el grupo de desplazados, que tienen derecho propio a ser parte de Familias en Acción, el grupo de indígenas, que también tienen derecho propio, y está el grupo de gente que entra por estar en el Sisbén”, complementó MacMaster, quien calculó que “van a terminar entrando cerca de 900.000 familias nuevas y estarán saliendo cerca de 100.000 familias”.

Entre esas familias que salen, hay un grupo grande que, según MacMaster en realidad pasan a un nuevo programa que será presentado oficialmente en un par de semanas: Jóvenes en Acción.

“Lo más interesante es que Jóvenes en Acción está cubriendo a los jóvenes que venían en Familias en Acción. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, en una buena y gran cantidad de casos algunas de las familias que salen del programa Familias en Acción entran inmediatamente al programa Jóvenes en Acción”, dijo.

Como el distintivo de Familias en Acción es la presencia de niños y jóvenes menores de 18 años, una vez que los hijos pasan de esa edad y completan su bachillerato pasan a Jóvenes en Acción.

Estos jóvenes tendrán acceso a programas específicos del Sena. Aún está sin resolverse el tema de los jóvenes que han logrado cupo en la universidad pública. “Nosotros no le vamos a garantizar ni a ofrecer el cupo en la universidad pública pero tiene mucho sentido que podamos diseñar un mecanismo por el cual él reciba el incentivo durante los mismos 18 meses y que además le busquemos un complemento con el programa del Icetex de préstamo con interés 0”, consideró MacMaster.

 

 

 

DPS

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la Entidad del Gobierno Nacional que encabeza el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, al cual se encuentran adscritas las siguientes Entidades:

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-ANSPE

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF

Centro de Memoria Histórica

 

Objetivos Estratégicos

 

Ejecutar acciones de inclusión social, reparación y sostenibilidad en la población objeto de atención del Sector

Formular, coordinar, ejecutar y evaluar una política de inclusión social y reconciliación que sirva como marco para la intervención del Sector

Coordinar la ejecución de la política intersectorial

Garantizar el enfoque diferencial en la atención del Sector

Coordinar y ejecutar acciones para generación de capacidades, oportunidades y acceso a activos de la población pobre y pobre extrema

Coordinar y ejecutar acciones para la atención y reparación integral de las víctimas de la violencia y la reconciliación de los colombianos

Coordinar y ejecutar acciones que interpelen y comprometan a diversos sectores sociales e institucionales en la reconstrucción de memoria histórica, el reconocimiento de las víctimas y la no repetición

Coordinar y ejecutar acciones para el desarrollo y protección integral de la primera infancia, los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias en  situación de vulnerabilidad o amenaza de derechos

Promover la presencia institucional del Estado, la integración regional e incrementar la confianza ciudadana  en territorios afectados por la violencia  y/o con presencia de cultivos ilícitos

 

Antecedentes

 

La ley de 1448 de 2011, representó para el País un avance en términos de reconocimiento y dignificación de las victimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica.

En este sentido se efectúa la transformación de ACCIÓN SOCIAL, dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el cual tiene como reto principal avanzar en la superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y victima de la violencia, y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado en una senda de prosperidad y reconciliación.