La máxima instancia judicial española suspendió la sesión que el legislativo de Cataluña prevé celebrar para declarar, unilateralmente, la independencia. Algunos bancos ya se están empezando a ir de Cataluña, como el banco Sabadell. Por ahora, no hay indicios de diálogo

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La justicia intentó de nuevo paralizar los planes secesionistas de los dirigentes catalanes, suspendiendo la sesión del lunes del Parlamento catalán en que podría declararse la independencia de la región, mientras la economía catalana lanzaba signos de temor a la ruptura.

"El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido la convocatoria del pleno del Parlamento", dijo una vocera de la Corte.

Según los planes del gobierno independentista de Carles Puigdemont, el Parlamento podía declarar la secesión en su primera sesión tras el referendo del domingo, y la primera ocasión era el próximo lunes.

Sin embargo, parlamentarios del Partido Socialista de Cataluña (PSC) le pidieron al alto tribunal "suspender" la sesión.

La decisión del tribunal impide transitoriamente la sesión hasta que la Corte haya determinado de manera definitiva si es legal o no. Además, el Constitucional avisó de las consecuencias penales de desobedecer su resolución.

En el plano económico, el segundo banco catalán y quinto de España, el Banco Sabadell, podría anunciar esta misma tarde que traslada su sede social fuera de Cataluña, donde nació en 1881 –en la localidad que le da nombre– y llevaba afincado desde entonces.

"Hay un consejo" por la tarde y el tema de un cambio de sede social "es uno de los asuntos que se abordará hoy, que se decidirá hoy", explicó a la AFP un portavoz de la entidad.

Además, Barcelona, tren económico de la región y principal gancho turístico de Cataluña, una región que recibió 17 millones de visitantes en el 2016, vio cómo las reservas de hoteles caían.

"Para las próximas semanas se percibe una ralentización de la entrada de reservas", admitió a la AFP el Gremio de Hoteles de la capital catalana sin dar cifras.

El Banco Sabadell empezó a recuperarse en los mercados en cuanto anunció su decisión.

Pero el responsable económico y vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, restó importancia al anuncio: "ya veremos si es así", dijo a la televisión La Sexta. "Vaticinios de este tipo se han hecho siempre y hasta ahora no han ocurrido", añadió.

Los acontecimientos se precipitaron desde el domingo, con el referéndum de independencia inconstitucional en el que más del 90% de los votantes, según el gobierno catalán, se pronunció a favor de la ruptura con España, con una participación del poco más del 42%.

La preocupación por la peor crisis política de la era democrática en España se extiende. Según los resultados de la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, gubernamental), difundidos, la situación en Cataluña inquieta ahora al 7,8% de los españoles, el triple que en el estudio anterior, en una encuesta realizada antes incluso de los acontecimientos del domingo.

Por su parte, la agencia de calificación financiera Standard and Poor's (S&P) situó el miércoles la nota de Cataluña bajo vigilancia negativa.

Los independentistas aglutinan diferentes actitudes ante la economía: del partido de extrema izquierda antisistema CUP, a la coalición de centro-izquierda Junts pel Sí, más receptiva al mundo empresarial y con muchos más vínculos con él.

Puigdemont no hizo alusión a la economía en su discurso del miércoles por la noche, pero tampoco dio signos de abandonar el objetivo de la independencia, al asegurar: "Hoy estamos más cerca que ayer de nuestro deseo histórico".

Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular y figura relevante en el partido del primer ministro Mariano Rajoy, dijo que el impacto económico de la crisis había infundido miedo a Puigdemont.

"Creo que tiene miedo, creo que hay mucha división entre los que le siguen porque los efectos económicos de lo que está haciendo empiezan a notarse ya en Cataluña, empiezan a sufrirlo las empresas catalanas y también las del resto de España", dijo González Pons a la televisión Antena 3.

Sin embargo, José Luis Bonet, presidente de la empresa de cava Freixenet, y presidente de la Cámara de Comercio de España, dijo que no hay temor a la independencia entre los empresarios porque no creen que ocurra.

"No se lo creen. Y yo desde luego no me lo creo", dijo a la AFP Bonet, que no piensa irse de Cataluña. "Puede llegar una declaracion unilateral de independencia, incluso Puigdemont lo ha dicho", pero "si llega, pues funcionará el estado de derecho".

En las calles de Barcelona, Carlos, un jubilado de 66 años, valoró la posible salida de los bancos: "el dinero siempre se ha dicho que es miedoso y ante estos casos huye".

En Madrid, algunos partidos políticos se reunieron para presentar una propuesta de diálogo. Encabezados por Unidos Podemos, la colectividad de extrema izquierda, y varios partidos separatistas, exigen que el gobierno central y el de Cataluña se sienten a negociar sin condiciones previas.

Sin embargo, los grandes movimientos políticos no han dicho nada sobre este tema. Los socialistas, segunda fuerza política en España, se encuentran en una encrucijada. Están, de un lado, en contra del uso desmedido de la fuerza policial, pero, del otro, del discurso a favor del estado de derecho y la unidad española que Mariano Rajoy ha tenido a lo largo del reto secesionista.

De momento, el panorama político es incierto. Ninguna de las partes ha tenido un gesto de acercamiento. Tampoco han bajado la guardia. Pero las implicaciones económicas de una posible independencia ya se están empezando a ver con eventuales mudanzas de bancos y empresas catalanas a otras regiones de España, como ocurrió con el banco Sabadell.

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