Debido al uso indebido de las bases de datos de los ciudadanos, 371 empresas fueron sancionadas por más de 5.500 millones de pesos, según lo confirmó el superintendente Financiero, Pablo Enrique Robledo, durante un debate de control político en el Congreso.

Sus declaraciones se dieron en la Comisión Primera del Senado en la que la controversia por el decreto sobre Habeas Data suscitó un enfrentamiento verbal entre el funcionario y el senador citante Luis Fernando Velasco.

El Superintendente comentó que si se está vendiendo información de las bases de datos o usándolas para otros fines “eso es una conducta ilegal y a quien lo haga lo sancionaremos, y si no tiene la autorización de ciudadano, igual sancionaremos”.

Dichas multas pueden ascender a 1.200 millones de pesos por lo que “no creo  que le estemos causando incomodidad al ciudadano al permitirle que su silencio habilite el tratamiento de las bases de datos preexistente”.

Con ello Robledo se refirió a los 30 días que tienen las personas de responder los correos enviados por las empresas para autorizar la continuidad del uso de sus datos personales. Al no contestar se tomará como una autorización a dicho manejo.

El funcionario reiteró que prefiere este debate de control político “derivado de que el Gobierno Nacional ha validado la autorización tácita de bases de datos preexistentes, y no otro porque la Superintendencia de Industria y Comercio no advirtió en su momento la necesidad de crear reglas para un régimen de bases de datos preexistentes, y llevar a Colombia a una crisis por falta de información”.

Argumentos de acusación

En contraposición, para el congresista el Decreto 1377 expedido en junio por el Gobierno Nacional sobre el uso de base de datos “es inconstitucional e ilegal por lo que hemos pedido que se revise el decreto y que el Gobierno no se exponga a una vergüenza ante el Consejo de Estado de que se caiga”.

El senador del Partido Liberal incluyó en sus intervenciones que la Corte Constitucional “ha dicho que se necesitan decretos reglamentarios para evitar que se manipulen las bases de datos”, y puso como ejemplo lo hecho por algunos “hoteles, hipermercados, editoriales, empresas de electrodomésticos y de viajes”.

Según él “se han dedicado, sin autorización, a manipular los datos”. También se refirió a los avisos en varios periódicos de circulación nacional en los que algunas compañías solicitan a los posibles interesados, notificar su intención de continuar o no en dichas bases de datos.

“Es escandaloso ver los avisos de prensa en los que piden permisos para seguir utilizando datos cuando eso no lo plantea la ley, por eso el decreto es contrario a la normatividad y pareciera que fuera para favorecer a los empresarios y no a los ciudadanos”, indicó Velasco.

Fue enfático en decir que gracias a las leyes de Habeas Data que se han presentado en el Legislativo, “se han borrado cinco millones de datos de personas que muchas veces, en el sector financiero, les solicitaban como parte de la información que no era necesario para un crédito”.

En ese sentido, el senador Velasco informó que fue el primero en instaurar una demanda por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado sobre dicho decreto.

“Ese decreto debe ser anulado por violar la Ley de Habeas Data que fue aprobada en octubre de 2012 y por varias sentencias de la Corte Constitucional. La ley establece que la solicitud para el uso de la información debe ser expresa y personal y cuando un ciudadano no responda, no se puede interpretar que autorizó su uso”, dijo.