Las actuales dinámicas en América Latina, marcadas por conflictos socioambientales, modelos de economía de extracción y disposición de grandes extensiones de tierra para monocultivos, han hecho repensar, paulatinamente, el tema de los alimentos -su producción y distribución- como una de las problemáticas centrales de los gobiernos y las sociedades.

La autonomía alimentaria es un concepto que insiste en la producción local de alimentos, el fortalecimiento de las dinámicas de producción rural y urbana y la corresponsabilidad de los ciudadanos en la solución a los problemas alimentarios. En este sentido,  el hecho de transformar las dinámicas de apropiación sobre la tierra, adquirir conciencia respecto a la importancia de los alimentos y generar dinámicas para la comercialización justa de los productos, demanda la redefinición de la ética ciudadana, superando la vieja dicotomía gobernantes/gobernados y reconociendo la existencia de manifestaciones que van “más allá del poder”.

Encontrar en la practicidad de las circunstancias, acciones que buscan transformar al individuo ya no desde la apropiación de los recursos y relaciones de autoridad, sino a partir de la búsqueda de iniciativas cotidianas, es una forma diferente de entender la participación.

Justamente diversas iniciativas en el continente (Vía Campesina, MST, Red de Agricultura familiar) donde el respeto hacia la naturaleza y la búsqueda de herramientas para encontrar formas de economía solidaria son tangibles, hacen pensar en un concepto de participación compleja que, de acuerdo con Pierre Rosanvallon (2007:36), incluye la democracia de expresión, implicación e intervención.

La primera corresponde a la toma de palabra de la sociedad, es decir, a la manifestación de un sentimiento colectivo o la expresión de una reivindicación particular. En esta dirección, los grupos sociales tienen la capacidad de generar conceptos y acciones concretas en torno a situaciones que son percibidas como injustas o problemáticas.

La democracia de implicación “engloba el conjunto de los medios por los cuales los ciudadanos se ponen de acuerdo y se vinculan entre ellos para producir un mundo común” (Rosanvallon, 2007:36). La idea de que puede transformarse el espacio donde se vive o al menos convertirlo en lugar mejor, se configura como un mecanismo idóneo que suscita el compromiso por parte de los miembros de la comunidad. La importancia de generar principios que sustenten la base de la acción de las personas, constituye un ejercicio de crítica y reflexión continua sobre las cuestiones sociales. Cuando un grupo se implica de manera directa en la solución de algo que se percibe como problemático, en este caso, la ausencia de una autonomía respecto a la producción y distribución de alimentos, se obtiene el fortalecimiento de los lazos sociales y con ello la ampliación de las formas de participación que ya no se supeditan a asuntos electorales.

Finalmente, la tercera dimensión en la participación compleja es la intervención entendida como todas las formas de acción de las que dispone un grupo social para obtener los resultados que se proponen. Esta forma de acción política no necesariamente busca reconfigurar las relaciones de poder de una sociedad específica, sino que pretende más bien influenciar las dinámicas de interacción para que las personas puedan participar de manera directa.

Ello quiere decir que el ejercicio político supera la visión de una institución que ejerce, a través de un medio específico, una acción  para solucionar un problema. Aquí es la misma comunidad quien propone las alternativas, formando nuevas reacciones y complementando, otra vez, la dimensión participativa que toda democracia requiere.

Por esta razón, la inclusión de múltiples sectores en la intervención de los asuntos prácticos de la sociedad permite transformar la visión que se tiene acerca de la participación. De ahí que, “el problema contemporáneo no es el de la pasividad, sino el de la impolítica, es decir la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común” (Rosanvallon, 2007: 38).

La ausencia de proyectos que permitan reunir a diversos grupos en torno a ideales comunes es la principal dificultad que afrontan las democracias de hoy. Por ello, los esfuerzos colectivos resignifican la noción de participación al incluir la intervención de espacios públicos para la recuperación de los saberes ancestrales y las semillas nativas como herramientas de trabajo político, buscando reconocer en la autonomía alimentaria una nueva forma de relación social que implique, responsabilice y empodere a los ciudadanos con el futuro de su ciudad en articulación con el del campo.

Esta perspectiva permitirá visibilizar experiencias comunitarias en la gestión de problemas cotidianos, relacionados con la producción de alimentos libres de transformaciones genéticas, el reverdecimiento de los centros urbanos y la creación de una conciencia ambiental capaz de revertir algunas consecuencias del modelo económico imperante.

(*) Profesora e investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.