Por solicitud de la Fiscalía Especializada del eje temático de Protección a los Recursos Naturales, el Juzgado 9° Penal Municipal, con función de control de garantías de Villavicencio (Meta), dictó medida de aseguramiento contra 26 hombres y una mujer por hechos que afectan los recursos naturales y que se venían presentando en esa ciudad.
Las personas detenidas en flagrancia en el predio conocido como Bosques de Manuel Alejandro, ubicado en el km 2 vía Acacías – Villavicencio, se encontraban laborando y desarrollando actividades de deforestación así como construcción de viviendas.
Luego de 10 horas de audiencias concentradas ante el juzgado fueron asegurados Roger Gonzales Urbina, Yamit Hernan Tarifa Ortíz, Jesús Paredes Duran, Edwin René Nova Moya, David Domínguez Torres, Yulier Alcid Gutiérrez Torres, Misael Sosa, David Mauricio Cortés Gutiérrez, Carlos Sánchez González, Darwin Valderrama Ordoñez, José Nelson Beltrán Ramérez y René Burgos Céspedes.
Igualmente, la decisión afecta a Julián Lucumi Guaza; Miriam Otálora Cante, Luis Ernesto Rojas, Marcos Rodríguez González, Luis Eduardo Betancurt, Gildardo Antonio Ríos Castro, Jairo Otálora Espitia, Álvaro Maldonado González, Oscar Javier Pulido Sáenz, Fernando Eliécer Franco Parra, Hernán Castaño Gil, Hernando Nova Jerez, Yoiler Mauricio Ojeda Robles, José Disnar Cabezas López y Luis Alfredo Ponare.
Estas personas no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó, como presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y construcción ilegal.
El juzgado por su parte les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad a 26 de los detenidos, con excepción de Yamit Hernán Tarifa Ortíz, a quien le ordenó detención intramuros porque tenía prisión domiciliaria emitida en julio de 2016 por extorsión.
En desarrollo de las audiencias también fueron legalizadas las diligencias de allanamiento e incautación de material probatorio recaudado en el lugar de los hechos.
Los dos menores aprehendidos fueron puestos a disposición del ICBF; una persona más fue dejada en libertad porque no estaba en el predio al momento de las operaciones adelantadas por la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea e Investigadores del CTI Meta.