Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Buenaventura dió cárcel a Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo regional Pacífico, tras ser identificada como complice en hechos relacionados con secuestro, amenazas y torturas contra tres trabajadores suyos.
La medida de aseguramiento, con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario, de determinó tras investigaciones de la Fiscalía que identificó que la mujer contrató a una oficina de cobros de Cali (Valle del Cauca), para intimidar a algunos de sus empleados. La mujer presumía que dichas personas le habían hurtado la suma de 40 millones de pesos.
El supuesto hurto se había ejecutado el pasado 31 de enero, de este año, cuando la funcionaria de la Defensoría del Pueblo citó en su residencia a un empleado, quien también trabajaba en su casa en labores de limpieza.
Según la Fiscalía, la mujer tomo represalias y nuevamente citó a su empleado junto con los "cómplices" y "en el interior del inmueble, los tres trabajadores fueron amenazados con armas de fuego supuestamente dos sujetos, quienes se habrían identificado como integrantes de oficina de cobro".
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La entidad investigadora determino que durante varias horas las víctimas fueron instigados con las armas de fuego a responder sobre el hurto de 40 millones de pesos, además dió a conocer que hacia la una de la tarde de ese día los trabajadores fueron obligados a subir a dos vehículos en los que los trasladaron a una finca de propiedad de la mujer donde fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
"Allí, fueron atados de pies y manos, así como sometidos a golpes, torturas y amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había quedado con el dinero", mencionó la Fiscalía
Por estos hechos, la Fiscalía General les imputó los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, sin embargo se declararon inocentes.
Tanto Mónica Andrea Bravo Bermúdez como Javier Enrique Bermúdez Yesquen, fueron enviados a la cárcel por considerar que representan un riesgo para la sociedad.