* Tercera moción de destitución contra Castillo
* Sin ambiente la “tregua política” de 100 días
Lo que está pasando con el actual mandatario de Perú, Pedro Castillo, raya en lo insólito, incluso en un país en el que prácticamente ningún presidente en este siglo ha podido terminar su periodo o, si lo hizo, luego fue procesado judicialmente o encarcelado.
Tras asumir en junio del año pasado, el mandatario de izquierda afronta el próximo miércoles su tercera moción de destitución en un Parlamento que, pese a ser dominado por la oposición de centro y derecha, no cuenta todavía con los votos suficientes para forzar la salida del Jefe de Estado, cuya impopularidad es superior al 70%. Paradójicamente, la única institución que la gana en mala imagen ante la opinión pública es el propio Congreso, al que descalifica el 85% de los consultados en las más recientes encuestas.
Castillo, como se sabe, ha estado desde el día uno de su mandato bajo la lupa de sus contradictores y luego de la justicia. Varios de sus principales ministros y altos funcionarios así como su esposa y algunos de sus familiares están siendo investigados por delitos que van desde tráfico de influencias hasta corrupción. De hecho, el propio mandatario fue denunciado formalmente semanas atrás por la titular de la Fiscalía General de la Nación, que lo sindica de encabezar una red delictiva desde la sede presidencial.
En esta ocasión se acusa a Castillo de “incapacidad moral” para ejercer el cargo, que es la figura que la Constitución inca contempla como causal de destitución del Jefe de Estado. Un mecanismo que ya en el pasado ha permitido obligar a relevos en la Casa de Pizarro.
Si bien es cierto que la aprobación para debatir la moción alcanzó el viernes pasado 73 votos a favor, concretarla este miércoles requiere del respaldo de 87 legisladores de los 130 que componen el órgano legislativo, un número que todavía no alcanza la plataforma opositora, que es encabezada por los partidos Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Aún así, al decir de los principales analistas de la política peruana, es evidente que Castillo arrastra un desgaste cada vez más alto y muy pocos apuestan porque su escaso margen de gobernabilidad le alcance para mantenerse en el poder hasta julio de 2026. Ya es claro que la bancada que lo apoya en el Parlamento, que no suma tres decenas de votos, se adelgaza mes tras mes e incluso la colectividad de base para la elección del hoy Jefe de Estado ya le ha marcado distancia en apenas dieciséis meses que lleva de mandato.
Por lo pronto, es innegable que si la oposición no logra remover del cargo a Castillo pasado mañana, seguirá intentándolo, tal como lo han advertido varios de los voceros de los partidos contradictores al Ejecutivo. Si bien una comisión de la OEA insiste a ambos bandos que aboquen una especie de “tregua política” de 100 días, la polarización es muy alta y no se ve escenario probable para una distensión. El Presidente sí es partidario de buscar un acuerdo, pero sus críticos advierten que es imposible abocarlo por las graves acusaciones contra el Gobierno. La única vía que admiten es la renuncia del mandatario o un anticipo de elecciones.
Visto todo lo anterior, la posibilidad de un clima de estabilidad política e institucional en Perú no es cercana. Por el contrario, el panorama se complica por la desaceleración económica, el creciente inconformismo social y un eventual choque de poderes, ya que el Ejecutivo insiste en que las mayorías opositoras en el Congreso y la Fiscalía, como cabeza de la rama judicial, quieren darle una especie de ‘golpe de Estado’. Un señalamiento de la máxima gravedad.
Habrá que esperar, entonces, el resultado de la votación de la tercera moción de destitución. Por ahora, es evidente que la pugna política seguirá creciendo mientras el país continúa navegando en medio de la incertidumbre gubernamental y la sensación de que Castillo terminará corriendo la misma suerte de sus antecesores.